Por: Federico Berrueto

La política y quienes se relacionan con ella actúan en función de incentivos, percepciones y sentimientos. El miedo juega un papel decisivo. Mucho más con el presidente López Obrador, especialmente de los factores de poder que debieran contener los excesos del Ejecutivo. La culpa, los esqueletos en el clóset o el simple temor de no conflictuarse con la autoridad llevaron a una forma de ejercicio abusivo del poder sin contención. La popularidad y la falta de oposición crearon en el presidente la falsa convicción de estar en forma y fondo en lo correcto.

La amenaza recurrente del presidente de combatir a los corruptos, el ejercicio discrecional y abusivo de la UIF con Santiago Nieto, la temprana persecución pública y denuesto de funcionarios ejemplares como Guillermo García Alcocer de la CRE, la prisión injustificada de Rosario Robles, la suspensión del aeropuerto de Texcoco bajo la tesis de corrupción generalizada, así como la frontal embestida contra el huachicol le permitió al presidente ganar iniciativa y que el respaldo popular se elevara a cifras superiores a 80%.

La incursión presidencial en las mañaneras se volvió el medio propagandístico a la carta. La información a que están obligadas las autoridades fue subvertida por calumnia, subjetividad y el golpe abusivo a particulares, titulares de órganos autónomos, funcionarios judiciales, periodistas, empresarios. Quienes debieron contener la arbitrariedad cayeron en pasmo, con lo que se volvió natural, regular y aceptable un flagrante recurso ilegal del poder presidencial, al tiempo que no ha tenido empacho en decir que es el presidente más criticado desde Francisco I. Madero, cuando buena parte de los medios ha mantenido una postura de connivencia.

Contener al poder no sólo es juego de partidos, medios de comunicación y factores de influencia; están además los procedimientos judiciales. López Obrador candidato puso en jaque al Poder Judicial Federal al anunciar su intención de crear un órgano supremo constitucional, a manera de combatir lo que él consideraba corrupción por la colusión del juzgador con el poder del dinero mal habido. El temor fundado por una reforma de tal magnitud llevó a la Corte a una postura defensiva, especialmente por la existencia de precedentes aislados pero notorios de nepotismo y venalidad. El escándalo de la ministra Yasmín Esquivel y la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte por la mayoría del pleno es el punto de inflexión.

La Corte es un órgano colegiado. La designación de Norma Piña ocurre después de la debacle de Yasmín Esquivel, vista como el intento de López Obrador de dominar al Poder Judicial Federal. Su innoble y fuera de proporción ataque al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el pésimo manejo del escándalo de su favorita, concluyó en una pronta decisión sobre una ministra independiente de sólidas credenciales de desempeño. En la SCJN hay un antes y un después. La afinidad al presidente se reduce a dos ministras, una en jaque y otra confundida y con escasa influencia y credibilidad.

Esto no significa que la Corte pase a la condición de oposición al presidente; se acredita ahora con mayor claridad el desempeño del máximo tribunal del país para salvaguardar la legalidad y la constitucionalidad de los actos de autoridad, incluidas las decisiones legislativas y, para el caso concreto, resolver sobre las reformas a la Guardia Nacional y lo ya avanzado y por concretar en materia electoral. También es el caso del Tribunal Electoral y el incumplimiento de sentencias relacionadas con funcionarios públicos federales. El reto actual es frenar las campañas anticipadas de funcionarios federales y sancionar la inobservancia de los tiempos legales.

El imperio de la ley, la certeza de derechos y abatir la impunidad son fundamentales para el país. No es la corrupción el origen de los problemas nacionales, como ha señalado con convicción el presidente López Obrador; tampoco es la desigualdad. La causa profunda de muchos de nuestros males es la impunidad. Avanzar en este objetivo es de imperiosa urgencia y en tal empeño, todos -ciudadanos, sociedad, organizaciones y autoridades- tienen una tarea por cumplir. Indispensable contar con un Poder Judicial independiente de cualquier tipo de influencia, jueces que actúen con la convicción de que su único y exclusivo compromiso es con la legalidad.