Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Por: Alejandra Salgado Romero
“La familia y los cuidadores tienen un rol protagónico en el abordaje del trabajo infantil, por lo que uno de los factores más importantes para su erradicación es transformar el significado que los niños, niñas, adolescentes y sus familias le otorgan a la educación, creando vínculos afectivos con la escuela”
La Universidad Autónoma de México (UNAM), asegura que el trabajo infantil es un problema estructural y México necesita prevención y sanción para hacerle frente. Casi sin percibirlo, dentro de nuestra cotidianidad, vemos a niños y niñas trabajando: vendiendo dulces, limpiando parabrisas, entre otras actividades… y lo hemos normalizado. Según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país es el segundo de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del 2022, al menos 3 millones 700 mil niños, niñas y adolescentes realizan trabajo en México. Los menores trabajan por múltiples factores, que pueden ser condiciones económicas y culturales. Otro dato relevante es que, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2022, el estado de Guerrero tuvo la mayor tasa de trabajo infantil con el 24.5%, seguido por Chiapas con 20.8%, Nayarit 19.1%, Oaxaca 18.5%. En el último lugar se ubicó la Ciudad de México con 4%.
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil lo constituye “toda actividad laboral que priva a niños, niñas y adolescentes de sus derechos, afectando su potencial o perjudica su desarrollo físico y psicológico, así como su seguridad”. Con base a cifras oficiales, en México hay más de 800 mil infantes que realizan una actividad económica, de los cuales, el 70 por ciento involucra la agricultura. Por eso resulta trascendental la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio, con el objetivo de sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a niñas y niños a trabajar, negándoles el derecho a la educación, salud y a una vida plena que les permita su desarrollo y bienestar integral.
El trabajo infantil es considerado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como un producto de la pobreza y la exclusión social, que coloca a niños y niñas en condición de vulnerabilidad social; es decir, limita su acceso al estudio y recreación, además de que los enfrenta a múltiples riesgos que puede conllevar el tipo de trabajo que realicen. Desafortunadamente, un número importante de niñas, niños y jóvenes son obligados/as a trabajar desde edades muy tempranas y esta situación ha venido ocurriendo durante décadas, aun cuando la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe el trabajo de menores de 15 años y permite el trabajo de los adolescentes de 15 a 17 años que hayan terminado su educación básica obligatoria. También, esta misma ley prohíbe el trabajo de los menores de 18 años en actividades que pongan en riesgo su desarrollo y salud, tanto física como mental.
Sin duda, hace falta un radical y auténtico cambio estructural para erradicar el trabajo infantil; la reforma que en 2015 elevó la edad mínima para laborar de 14 a 15 años y dispuso condiciones de empleo acordes para adolescentes, ha funcionado, pues integró en la legislación una serie de restricciones para contratar a adolescentes mayores de 15 años y prohibió que laboren en actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, entre otras. Sin embargo, el Senado concluyó el proceso legislativo para modificar ese veto. Así que, si no se usan químicos o no manejan maquinaria o vehículos pesados para realizar sus tareas, sí pueden trabajar en esos sectores, lo que representa un retroceso. Uno de los argumentos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para convencer de la necesidad de ese cambio fue que, al tener pocas oportunidades laborales, las y los adolescentes han preferido incorporarse al crimen organizado.
El trabajo infantil, prohibido en el derecho internacional, comprende tres categorías: a) Las formas peores de trabajo infantil: esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía, y otras actividades ilícitas; b) Trabajos realizados por niño/as que no alcanzan la edad mínima especificada para ese tipo de trabajo según la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas, que impida la educación y el pleno desarrollo del niño/a; y, c) Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, denominado trabajo peligroso.
Lamentablemente, el esfuerzo para atender esta problemática, -como en muchas otras-, debe ser redoblado, porque quedó demostrado en la crisis generada por la pandemia del COVID 19, que muchas niñas y niños no pudieron continuar con las clases en línea, y dada su complicada situación económica, ya no regresaron, muchísimos/as de ellos/as, a las aulas. Por todo lo anterior, se demanda cada vez más ver al trabajo infantil como un problema público que debe ser abordado con carácter urgente, desde una visión sistémica e integral, que involucre la participación de todos los sectores sociales (gobierno, sector privado, sociedad), que sea abordado de forma estratégica, contemplando acciones articuladas, pero sobre todo, que sea dimensionado por una sociedad en la que hemos normalizado ver trabajando y en muchos casos, arriesgándose y peligrando, a las niñas y niños que deberíamos cuidar y proteger.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.