EL AGUA NO SE ACABA DE REPENTE: SE PIERDE CADA DÍA
“El agua no es sólo para la vida: el agua es vida”
Ban Ki-moon
Por: Alejandra Salgado Romero
Hay algo profundamente paradójico en nuestra relación con el agua: sabemos que es indispensable para vivir, pero seguimos comportándonos como si fuera inagotable. Abrimos una llave y esperamos que el agua aparezca. Regamos, lavamos, producimos alimentos, generamos energía, construimos ciudades y sostenemos prácticamente todas nuestras actividades económicas gracias a ella. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano, existe un sistema natural cada vez más presionado por el crecimiento de la población, la contaminación, la sobreexplotación de los acuíferos, la deforestación y el cambio climático.
Por eso resulta significativo que del 23 al 27 de agosto de 2026, se celebre en Estocolmo, Suecia, la Semana Mundial del Agua (World Water Week), organizada por el Stockholm International Water Institute (SIWI), bajo el lema “Water for People and Progress”, es decir, “Agua para las personas y el progreso”. La iniciativa comenzó en 1991 como un simposio científico y se ha convertido en uno de los principales espacios internacionales para el diálogo, la cooperación y la innovación en torno al agua. La elección del tema no podría ser más oportuna. Porque hablar de agua no es hablar solamente de presas, tuberías, pozos o sistemas de distribución. Es hablar de vida, salud, alimentación, medio ambiente, justicia social, desarrollo y futuro. El agua es un asunto de supervivencia
Las cifras internacionales deberían obligarnos a abandonar cualquier sensación de tranquilidad. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026, publicado por ONU-Agua, señala que 2 mil 100 millones de personas todavía carecen de servicios de agua potable gestionados de manera segura. El mismo informe advierte que las desigualdades en el acceso al agua afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, quienes destinan colectivamente alrededor de 250 millones de horas cada día a recolectar agua. No es únicamente una crisis de disponibilidad. Es también una crisis de desigualdad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó en enero de este año que la disponibilidad de agua dulce renovable por persona disminuyó 7% durante la última década, una señal clara de que el crecimiento demográfico y las presiones ambientales están reduciendo el margen de seguridad hídrica de las sociedades. El cambio climático está modificando todavía más el escenario. ONU-Agua advierte que los fenómenos extremos están haciendo que el agua sea, simultáneamente, más escasa, más impredecible y más contaminada.
México representa perfectamente esta paradoja. El país recibe anualmente alrededor de 1.46 millones de hectómetros cúbicos de precipitación, pero cerca de 71% se evapotranspira, 22% escurre por ríos y arroyos y apenas 7% se infiltra naturalmente para recargar los acuíferos. El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 establece que México dispone de alrededor de 471 mil 713 hectómetros cúbicos de agua renovable, pero advierte que no toda puede aprovecharse, pues una parte resulta indispensable para conservar el equilibrio de los ecosistemas. Además, aproximadamente dos terceras partes del territorio nacional son áridas o semiáridas, mientras que las lluvias presentan una distribución territorial y temporal profundamente desigual.
Por ello, no basta con afirmar que “en México llueve mucho” o que “tenemos abundante agua”. El verdadero desafío está en dónde se encuentra el agua, cuándo está disponible, cómo se distribuye, cuánto se extrae, cuánto se contamina y cuánto logramos devolver al ciclo natural. El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce precisamente esta complejidad y plantea cinco grandes prioridades: fortalecer la gobernanza del agua; garantizar progresivamente el derecho humano al agua y al saneamiento; impulsar el uso eficiente y sustentable; proteger cuencas y acuíferos; y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Es una visión que coloca al agua en el lugar que corresponde: como un derecho humano y como un asunto estratégico para el desarrollo nacional.
En Guerrero, esta discusión adquiere una dimensión todavía más urgente. Nuestra entidad posee importantes recursos hídricos, pero enfrenta profundas desigualdades en el acceso y en la calidad del servicio. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 Guerrero registró una cobertura de agua potable de 88.1%, frente a 96.1% nacional; en alcantarillado, la cobertura estatal fue de 86.7%. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI señala que, entre la población urbana de 18 años y más en localidades de más de 100 mil habitantes, 80.4% reportó que el agua potable provenía de la red pública; sin embargo, solamente 4.3% consideró que el agua era bebible sin temor a enfermarse. Es decir, no basta con que exista una tubería. El verdadero derecho al agua implica cantidad suficiente, calidad, continuidad, accesibilidad y seguridad. El propio Programa Nacional Hídrico 2026-2030 revela una realidad todavía más preocupante: con datos de la ENIGH 2024, solamente 16.5% de la población de Guerrero contaba con acceso diario a agua entubada y saneamiento básico, muy por debajo del promedio nacional de 56.3%.
Lo anterior obliga a reflexionar el problema desde una perspectiva de justicia territorial. Las comunidades rurales, las zonas indígenas, las colonias periféricas y los hogares con menores ingresos suelen enfrentar las mayores dificultades. Y cuando el agua no llega a casa, alguien debe conseguirla, transportarla y administrarla. Como advierte ONU-Agua, esta carga recae desproporcionadamente sobre mujeres y niñas.
En Guerrero, además, la agenda hídrica debe considerar simultáneamente sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, deforestación, erosión, infraestructura insuficiente y contaminación. En mayo de 2026, autoridades federales y estatales reportaron trabajos de desazolve, reforzamiento de bordos y construcción de infraestructura para reducir riesgos de inundación en Acapulco, mientras se mantienen proyectos destinados a garantizar el acceso al agua. El agua, entonces, nos enfrenta a una doble responsabilidad: cuando falta, debemos garantizarla; cuando sobra y amenaza con destruir, debemos aprender a gestionarla.
Por supuesto, corresponde a los gobiernos garantizar infraestructura, regulación, vigilancia, saneamiento, protección de cuencas y acuíferos, planeación y cumplimiento del derecho humano al agua. También corresponde a los sectores agrícola, industrial y empresarial utilizarla de manera eficiente y responsable. Pero existe otra dimensión que ninguna política pública puede sustituir: la conciencia ciudadana. Cuidar el agua significa reparar fugas, evitar desperdicios, reutilizar cuando sea posible, no arrojar residuos a ríos, barrancas y drenajes, proteger bosques y zonas de recarga, participar en acciones comunitarias y exigir a las autoridades transparencia, eficiencia y resultados. Significa también entender que el agua que desperdiciamos hoy no desaparece únicamente de nuestra llave: puede representar menos agua para los ecosistemas, para la agricultura, para otras comunidades y para las generaciones que vienen.
Por eso, la Semana Mundial del Agua 2026 representa una oportunidad para preguntarnos qué estamos haciendo desde nuestra casa, nuestra escuela, nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestro municipio y nuestro estado. Hagamos del cuidado del agua una práctica cotidiana, una responsabilidad colectiva y una causa común. Seamos conscientes, participemos, exijamos, eduquemos y promovamos acciones concretas para protegerla. Porque defender el agua es defender la vida; y defender la vida es una responsabilidad que nos corresponde a todas y todos.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alejandra.salgado.esdafzk@gmail.com.
