«Derechos de niñas, niños y adolescentes; deuda permanente y el desafío ético de México en 2026»
Por: Alejandra Salgado Romero
“Las emociones que no encuentran cauce en el espacio público tienden a deformarse en lo privado”
Hannah Arendt
En nuestro contexto, hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes ya no puede entenderse únicamente como un asunto asistencial, caritativo o estrictamente familiar. Se trata, en realidad, de uno de los grandes indicadores del nivel de civilización de nuestra sociedad. La manera en que un país protege, escucha, educa y cuida a su infancia determina, inevitablemente, el tipo de nación que construirá en las próximas décadas. El actual debate sobre los derechos de la niñez y la adolescencia atraviesa múltiples dimensiones: educación, salud mental, violencia, acceso a la justicia, inclusión, participación comunitaria, seguridad digital, bienestar emocional y desarrollo integral. Aun cuando México ha registrado avances normativos e institucionales importantes durante los últimos años, la realidad sigue planteando enormes desafíos, particularmente en entidades históricamente complejas como la nuestra: Guerrero.
La transformación jurídica más relevante de las últimas décadas ocurrió con la consolidación del paradigma de protección integral derivado de la “Convención sobre los Derechos del Niño”, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por México en 1990. A partir de entonces, niñas, niños y adolescentes dejaron de ser concebidos/as solamente como sujetos de tutela para reconocerse como personas titulares plenas de derechos. Ese cambio de paradigma fue profundizado en México mediante la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y posteriormente con la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instrumento que marcó un antes y un después en la política pública nacional.
A través de dicha legislación, se les reconocen derechos fundamentales como: el interés superior de la niñez, el derecho a la educación, el acceso a la salud, la identidad, la participación, la no discriminación, la vida libre de violencia, la integridad personal y el desarrollo integral. Pero más allá del texto legal, el gran desafío continúa siendo convertir esos derechos en experiencias reales y cotidianas para millones de menores de edad, pues las cifras muestran avances, pero también profundas alertas.
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México más de 38 millones de personas son niñas, niños o adolescentes, lo que representa aproximadamente el 30% de la población nacional. Sin embargo, diversos estudios oficiales señalan que una proporción significativa continúa expuesta a pobreza, rezago educativo, violencia intrafamiliar, abandono emocional y entornos comunitarios inseguros. UNICEF ha señalado reiteradamente que la violencia contra menores de edad genera consecuencias permanentes en el desarrollo cognitivo, emocional y social, afectando incluso la productividad económica futura de los países. Investigaciones internacionales muestran que experiencias adversas en la infancia incrementan considerablemente riesgos de depresión, ansiedad, consumo problemático de sustancias, deserción escolar y reproducción de conductas violentas en la adultez.
Al respecto, la especialista estadounidense Bessel van der Kolk ha sostenido que “el cuerpo lleva la cuenta”, explicando cómo el trauma infantil deja huellas neurobiológicas profundas que afectan el desarrollo integral. Según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, miles de niñas, niños y adolescentes continúan enfrentando distintas formas de violencia cotidiana: física, psicológica, digital, institucional y comunitaria. Particularmente preocupante resulta la normalización social de prácticas autoritarias o discriminatorias en espacios escolares y familiares. En estados como Guerrero, la complejidad social derivada de desigualdad, violencia estructural y limitaciones históricas en cobertura institucional, vuelve aún más urgente fortalecer mecanismos de protección integral.
No obstante, también es importante reconocer avances relevantes. Durante los últimos años, México ha fortalecido: sistemas de protección integral, procuradurías de protección, protocolos escolares de convivencia, mecanismos contra violencia digital, políticas de salud mental, estrategias de prevención del acoso escolar y modelos pedagógicos centrados en derechos humanos. Bajo el enfoque impulsado por la Nueva Escuela Mexicana, el sistema educativo ha buscado transitar hacia una visión más humanista, comunitaria e inclusiva, donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos activos del proceso educativo y no únicamente como receptores pasivos de contenidos académicos. Ese cambio resulta fundamental en pleno siglo XXI.
Hoy se comprende con mayor claridad que garantizar derechos de la infancia no es solamente evitar violaciones graves, también implica: generar ambientes emocionalmente seguros, construir comunidades escolares libres de violencia, fortalecer vínculos familiares, promover salud mental, erradicar prácticas humillantes y garantizar participación efectiva. La protección de niñas, niños y adolescentes no puede reducirse a discursos institucionales ni a campañas temporales. Requiere políticas públicas sostenidas, presupuestos suficientes, formación docente, acompañamiento familiar, coordinación interinstitucional y participación comunitaria. También exige reconocer una verdad incómoda: muchas de las violencias que afectan a la niñez ocurren precisamente en espacios que deberían brindar protección. Por ello, resulta indispensable consolidar mecanismos efectivos de denuncia, supervisión y atención en escuelas, instituciones públicas y comunidades. El silencio institucional, la minimización de conflictos o la tolerancia a prácticas discriminatorias generan daños profundos y reproducen ciclos de violencia.
En este sentido, la legislación internacional es clara. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todas las decisiones relacionadas con menores de edad deben atender prioritariamente el interés superior de la niñez. Este principio obliga a autoridades, escuelas, familias y sociedad a colocar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes por encima de cualquier interés administrativo, político o disciplinario.
México ha avanzado jurídicamente en esa ruta. Pero aún persiste la necesidad de transformar prácticas culturales profundamente arraigadas. El desafío ya no es únicamente crear leyes; es construir una cultura nacional de respeto genuino hacia la infancia y adolescencia, porque detrás de cada niña o niño vulnerado existe una sociedad que fracasa en proteger su futuro… y detrás de cada adolescente escuchado/a, acompañado/a y respetado/a, existe una posibilidad real de transformación social.
En 2026, defender los derechos de niñas, niños y adolescentes no constituye una agenda secundaria, ni una moda institucional, sino una prioridad estratégica para el país. Debemos redoblar compromisos desde todos los espacios: escuelas, familias, gobiernos, medios de comunicación y sociedad civil. No solamente porque la infancia representa una etapa que requiere cuidados especiales, sino porque en esas generaciones se está formando a quienes, en pocos años, tendrán en sus manos el funcionamiento democrático, económico, científico, cultural y humano de México.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alejandra.salgado.esdafzk@gmail.com.