Por: Ricardo Castillo Barrientos
Se habla con insistencia que ahora si los partidos políticos y el gobierno van a cuidar y evitar la infiltración de personas vinculadas a grupos criminales, con aspiraciones a cargos de elección popular, en especial, las candidaturas a las presidencias municipales.
Esta conversación viene cobrando relevancia a partir de la elección de 2018, con el triunfo arrollador del inclaudicable candidato del recién creado partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, así también las subsecuentes elecciones locales de 2021 y 2024.
Los cárteles y grupos criminales han venido ampliando sus territorios marcando las directrices delictivas de sus operaciones con el sometimiento de autoridades municipales a su servicio, sea por alguna componenda o bajo rigor obligatorio.
En el estado de Guerrero se ha normalizado la prevalencia y operatividad de los grupos criminales más consolidados, es vox populi la existencia de la “Nueva Familia Michoacana”, que mantiene bajo su control los municipios de las regiones de la Tierra Caliente, Norte y Costa Grande; “Los Ardillos” predominan en los municipios de la zona Centro y Montaña Baja; “Los Tlacos” mantienen bajo control la región de La Sierra y los municipios Gral. Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Gral. Leonardo Bravo (Chichihualco); y “Los Rusos”, en Acapulco y la Costa Chica, siendo los principales grupos del crimen organizado en Guerrero y otros de menor peligrosidad y capacidad bélica,
Estos grupos criminales con gran base social han permeado la mayoría de los municipios guerrerenses, controlando las dependencias de mayor importancia económica: Presidencia Municipal, Seguridad Pública, Finanzas y Administración, Obras Públicas y Desarrollo Urbano y otras áreas que dejen buenos ingresos.
Este panorama prevaleciente en el país y en la entidad, tendiente a un mayor crecimiento político y territorial, motivó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a tomar medidas, a fin de enfrentar el flagelo cuya voracidad y velocidad está capturando o asumiendo decisiones que solo corresponden a los partidos políticos en la nominación de candidaturas a cargos de elección popular.
La iniciativa presidencial fue turnada el pasado viernes al Senado de la República, cuyo objetivo será impedir candidatos vinculados con el crimen organizado, con la creación de una Comisión de Verificación e Integridad en Candidaturas, órgano técnico del INE, con la coadyuvancia de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El problema surgiría en la identificación de los posibles candidatos vinculados con el crimen organizado, porque con simple sospecha no es sancionable, mientras no exista una sentencia judicial o antecedentes delictivos plenamente comprobables.
Se puede afirmar que algunos candidatos no tienen algún tipo de relación con personajes delincuenciales, sin embargo, se ven obligados y sometidos bajo amenazas a plegarse a sus intereses, de lo contrario sufrirían las consecuencias.
La iniciativa de ley de próxima aprobación para el proceso electoral de 2027, es un significativo avance de sanear la vida política de los partidos y la participación democrática de la ciudadanía sin graves riesgos, ni el temor de ser cooptados y forzados a servir desde el poder municipal al crimen organizado.