La Fiscalía General de la República (FGR) presentará testigos protegidos para documentar los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura en la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, relacionados al Caso Ayotzinapa.
De acuerdo a fuentes de la FGR, los testigos protegidos están programados para comparecer este sábado en la sala de audiencias del Reclusorio Norte, a donde fue trasladado el funcionario luego de haber sido detenido en su domicilio ubicado en Lomas de Chapultepec.
Este sábado comenzó la audiencia en contra del exfuncionario. El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia decretó un receso de una hora para que la defensa legal de Murillo Karam conozca las acusaciones asentadas en el expediente. Posteriormente, la audiencia fue reanudada.
Murillo Karam ingresó esta mañana al Reclusorio Norte acompañado de sus abogados Antonio López y Javier López García.
Karam fue detenido este viernes por la Fiscalía Gernral de la República (FGR) tras tener una orden de aprehensión que otorgó el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
La detención del exfuncionario ocurrió un día después de que el gobierno federal presentó los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Murillo Karam fue uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto señalado por haber diseñado la llamada “verdad histórica” para tapar lo que realmente sucedió con los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La FGR también informó este viernes que el juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, la Policía y otros presuntos implicados en el caso Ayotzinapa.
La Fiscalía indicó que se trata de 20 mandos militares, personal de tropa de los batallones 27 y 41 en la ciudad de Iguala, cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”, indicó la Fiscalía en un comunicado.