¿Por qué la autoridad encargada de la protección de datos personales no investiga de oficio a estas empresas? ¿Quién autorizó el uso de nuestros números telefónicos para fines políticos? Son preguntas que, hasta el momento, siguen sin respuesta
Por: Julieta del Río
Los datos personales se han convertido en una verdadera mina de oro. La pregunta es inevitable: ¿quién los vende?, ¿quién los comparte?, ¿quién los pone en manos de los call centers que invaden diariamente la privacidad de millones de personas?
Nuestros datos personales nos pertenecen. El número de teléfono, el correo electrónico y cualquier información que permita identificarnos están protegidos por la ley. Sin embargo, resulta evidente que alguien está proporcionando bases de datos para que empresas privadas realicen llamadas constantes, generen molestias y utilicen esa información para promocionar a candidatas y candidatos.
¿Por qué la autoridad encargada de la protección de datos personales no investiga de oficio a estas empresas? ¿Quién autorizó el uso de nuestros números telefónicos para fines políticos? Son preguntas que, hasta el momento, siguen sin respuesta.
A ello se suma otro problema: estas llamadas se realizan incluso fuera de los tiempos legales de campaña, lo que también debería ser motivo de revisión por parte del Instituto Nacional Electoral. No sólo tendría que analizarse el posible uso indebido de datos personales, sino también el origen de los recursos con los que se financian estas estrategias de promoción política.
En los últimos días, las llamadas se han intensificado. Son insistentes: una tras otra. Las rechazas y vuelven a marcar. Contestes o no, el objetivo es el mismo: preguntarte sobre tus preferencias políticas o promover a determinadas personas aspirantes.
No estamos frente a una simple llamada telefónica. Estamos ante un posible tratamiento indebido de datos personales que, de acreditarse, vulneraría el derecho a la privacidad de las personas y profundizaría la desconfianza en algunas instituciones.
¿Qué hacer si recibes estas llamadas? Si recibes llamadas de un call center promocionando candidatos o candidatas y nunca autorizaste el uso de tu número telefónico, documenta cada llamada: registra la fecha, la hora, el número del que proviene y, de ser posible, el contenido de la conversación. Esa información puede ser útil para presentar una denuncia por una posible vulneración a tus datos personales ante la instancia correspondiente, a fin de que se investiguen los hechos y se les dé el seguimiento correspondiente.
Actualmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumió las funciones en materia de protección de datos personales que anteriormente correspondían al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es la autoridad competente para conocer de estos asuntos.
La denuncia ciudadana es importante, pero no puede ser la única vía. Cuando existen indicios de un posible uso indebido de datos personales con fines políticos, las autoridades competentes también tienen la responsabilidad de iniciar investigaciones de oficio para esclarecer los hechos, identificar a las empresas involucradas y determinar quién les proporcionó las bases de datos.
Finalmente, hago una invitación a la reflexión. Si desde una etapa previa a las campañas se recurre a prácticas que podrían vulnerar la privacidad de las personas y transgredir el marco legal, ¿qué podemos esperar de quienes aspiran a ejercer un cargo público?
La confianza ciudadana no se gana con llamadas invasivas ni con bases de datos de origen desconocido. Se construye respetando la ley, los derechos fundamentales y la voluntad de las personas. Los datos personales no son mercancía, no son botín político ni mucho menos pueden convertirse en una herramienta para invadir nuestra privacidad.