Por: Fernando Polanco Ochoa


Chilpancingo, Guerrero, Junio 15. – La nueva Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero incluirá tres nuevas innovaciones: Cabildo abierto, revocación de mandato y rendición de cuentas, pues la legislación vigente contempla las figuras del referéndum y plebiscito, pero sin reglamento.

El nuevo proyecto de dictamen fue aprobado este miércoles por unanimidad en la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local, que preside la diputada priista Julieta Fernández Márquez.

Las legisladoras concluyeron que la Ley actual de Participación Ciudadana ya es obsoleta a los tiempos que vive el estado y que la nueva persigue un ordenamiento acorde a la realidad social actual, dotada de instrumentos jurídicos necesarios que garanticen la amplia y democrática participación ciudadana y que vincule a las autoridades, para que las quejas y necesidades sean resueltas de forma efectiva.

La diputada Julieta Fernández Márquez consideró que los gobernantes “han fallado mucho” porque le “cierran la puerta” a la sociedad y aclaró que no se trata de gobernantes de un partido político en particular, sino de todo el sistema político en general que “no está defendiendo al ciudadano” y porque se gobierna desde el poder y sin la participación ciudadana.

“Para que el ciudadano pueda incidir en una decisión de gobierno, es como un milagro que pueda incidir”, dijo y explicó que la nueva ley de Participación Ciudadana busca precisamente garantizar que la población sea escuchada con vinculación en la solución conjunta de problemas.

“El gobernante decide qué hacer y qué no hacer, pero muchas veces no escucha a los ciudadanos, por eso la ley actual no funciona y necesitamos a aprender a escuchar al ciudadano”, añadió.

“Esto hará también que el presupuesto sea participativo y se vaya adecuando a las necesidades de la población; por eso creo que es una manera de corregir el daño social que los gobiernos y partidos políticos han hecho”, señaló.

Refirió que las adecuaciones jurídicas a la nueva Ley de Participación Ciudadana podrían cambiar problemas ancestrales.

Ejemplificó que en la primera consulta que realizó el Congreso local a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública, llegaron a 3 mil 500 localidades, mucho más del 40 por ciento de la comunidad originaria.

Con su participación, agregó, se dio una resolución concreta y permitió cambios a la Ley 701 de manera radical y “creo que nunca hubiera podido cambiar si no hubiéramos hecho esta consulta tan profunda”.

El proyecto de dictamen, informaron, sería presentado a pleno en la próxima sesión del Congreso local.

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