Por: Álvaro Venegas Sánchez
La realidad superó la imaginación. Imaginábamos que los gobernantes y acompañantes del primer círculo, los diputados, senadores, ministros de la SCJN e igual los altos niveles de la burocracia de las distintas dependencias e institutos autónomos, los mandatarios en los estados, tenían ciertas ventajas socioeconómicas. Lo que la gran mayoría ignoraba era en qué consistían y cuánto costaban a todos los mexicanos tales canonjías. Por demás, aún ignoraríamos si en 2018 hubiera llegado a ocupar la presidencia Ricardo Anaya o José Antonio Meade; cualquiera de los dos.
En ese tiempo, el posible triunfo de López Obrador preocupaba al sector político, económico y social que se esforzó para hacer creer a todo mundo que, el tabasqueño, “era un peligro para México”. No tuvo éxito. Más de 30 millones de ciudadanos, después de dos sexenios del PAN y la oportunidad que brindaron al supuesto “nuevo PRI” para retornar con Enrique Peña Nieto, dijeron con su voto: no más PRI ni PAN, basta de simulaciones y tanta hipocresía. Obrador entonces, no llegó vía fraude ni con ayuda del INE o de los empresarios, la clase política tradicional, los medios de comunicación ni de los grupos de presión acostumbrados al chantaje.
Arropado de apoyo popular y con la autoridad moral de haber resistido continuas campañas para destruirlo, ya investido Presidente, sin demora comenzó a implementar las ideas y propuestas tantas veces explicadas: para sanear y transformar la vida pública de México en bien de la mayoría, sobre todo de los mexicanos más pobres. La corrupción, fenómeno que siempre consideró el cáncer y causa de la desigualdad social dispuso combatirla; la austeridad republicana visión que apuntó a la vanidad que produjo gobiernos ricos con pueblo pobre, se expresó en el primer proyecto de presupuesto de egresos que envió a la cámara de diputados, mismo que ocasionó la salida de Carlos Urzúa, el primer secretario Hacienda del sexenio. El anteproyecto que había presentado para el análisis, ironizó AMLO en su momento: “parecía haber sido hecho por Agustín Carsten”.
A partir de estas dos líneas de trabajo empezaron de inmediato a ocurrir sorpresas: cambios en áreas de la administración y comunicación social; reasignación de funciones y funcionarios; recortes sobre la base de hacer más con menos (presupuesto eficiente); suspensión de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco y anuncio de hacerlo en Santa Lucía; desaparición del Estado Mayor Presidencial; creación de la Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; vender el avión presidencial, cobrar y acabar con la devolución y condonación de impuestos; etcétera, etcétera. Obviamente, todo eso implicó romper privilegios históricos de aquellos que habían vivido a la sombra del poder y/o hecho riquezas personales a costa del erario.
Y como López Obrador acertó en inaugurar las conferencias matutinas diarias, la vida pública comenzó a ser ventilada y conocida por amplios sectores de la población. Por decir lo menos, nunca habíamos visto un secretario de la Defensa Nacional con un secretario de la Marina, informando y explicando al pueblo de México lo que hacen en materia de Seguridad y combate a las drogas. Ver, escuchar, preguntar a miembros del gabinete era potestad exclusiva de diputados y senadores en las comparecencias. Por supuesto, empezamos también a enterarnos, con asombro e indignación, de excepcionales privilegios en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Varios de ellos, suspendidos voluntariamente por los mismos integrantes en congruencia con la política de austeridad.
Donde hay resistencias y no se han eliminado merced a amparos otorgados, es en dependencias dotadas de autonomía y el Poder Judicial. La semana pasada se pusieron al descubierto primero por Ricardo Monreal quien, al calor del debate en el Senado, dio cuenta de 15 prestaciones que tienen los ministros de la SCJN; enseguida el propio presidente de la Republica en su conferencia, exhibió que son 40 en total y detalló en qué consiste cada una.
Van algunas de ejemplo: “casi 600 mil pesos de salario mensual, 588mil pesos de aguinaldo, 95 mil pesos de prima vacacional, un mes de sueldo por vacaciones, 723 mil pesos de fondo para consumir alimentos en restaurantes de lujo, comedor especial en la SCJN con derecho a bebidas alcohólicas, 5 millones de pesos de presupuesto para contratar personal adicional al que les facilita la Corte, cuando se jubilan siguen ganado como si estuvieran en servicio”. Todas son derechos que ellos se dieron, por tanto, son legales. Sin embargo, son privilegios ofensivos, hieren la susceptibilidad social nacional. Habrá que remediar este agravio pacífica y democráticamente.
Iguala, Gro., mayo 15 del 2023.