Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., El secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del gobierno estatal, Abel Bruno Arriaga, señaló que ningún caso de violación a los derechos de las niñas y adolescentes, a través de matrimonios forzados, debe quedar sin sanción.
Consideró que esta práctica ya no puede justificarse como “usos y costumbres” de los pueblos originarios, pues los matrimonios forzados y la venta de niñas deben derivar en responsabilidades penales para quienes los promuevan, acuerden o permitan.
En entrevista, informó que el Congreso local, con base a iniciativas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, aprobó el aumento de sanciones a los responsables de violentar los derechos de las niñas.
Agregó que los usos y costumbres no están por encima de los derechos humanos ni pueden justificar actos que vulneren la dignidad y libertad de las mujeres y las niñas, aunque admitió que, a pesar de los avances y prevención de esas prácticas, todavía persisten en algunas localidades indígenas, por lo que consideró necesario fortalecer la intervención de las autoridades comunitarias.
Pero no existen cifras precisas sobre cuántos casos se registran, admitió, e insistió en que quienes incurran en esas conductas deben ser puestos a disposición del Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades legales.
Por eso es que autoridades estatales establecieron coordinación con los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), para que la información llegue a las comunidades más apartadas del estado, refirió.
Señaló que la CRAC-PC modificó sus estatutos y reglamentos internos para establecer sanciones contra los matrimonios forzados y la venta de niñas, y sostuvo que las medidas reflejan un cambio de conciencia respecto a la gravedad de las conductas y la necesidad de dejar de justificarlas bajo el argumento de las tradiciones.
De acuerdo con el funcionario, desde el 2018 es más visible el combate a la violencia de género y a los matrimonios forzados, mediante talleres de sensibilización en comunidades como Mixtecapa, Cochoapa el Grande, Tlapa y Malinaltepec, algunas de ellas con antecedentes de alerta de violencia de género.
Anunció que en diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impartirá en las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán, un taller a las autoridades comunitarias para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas.
