IRZA
Chilpancingo, Gro., Vicente Jaimes Zagal, quien fue presidente municipal de Tetipac durante el periodo 2018-2021, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, acusado de extorsión agravada contra una empresa refresquera. Las autoridades federales lo identifican como presunto integrante del grupo delictivo Familia Michoacana, relacionado con el control de la comercialización de productos en ese municipio de la región Norte de Guerrero.


El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este jueves que la detención se realizó el miércoles 18 de noviembre en el municipio de Pilcaya, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por militares y guardias nacionales, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.


El detenido, quien llegó a la Presidencia Municipal de Tetipac por el Partido Acción Nacional (PAN), es señalado como probable responsable de amenazar a trabajadores de una empresa refresquera para obligarlos a que la distribución de sus productos en ese municipio se realizara exclusivamente a través de él.


De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 27 de junio de este año, cuando el ex alcalde de Tetipac, presuntamente exigió a los empleados de la empresa que le cedieran el control de la distribución comercial de sus productos.
Para imponer esa condición, habría amenazado con causar daños a las unidades de reparto y al personal de la compañía si no aceptaban sus exigencias.


El Gabinete de Seguridad de México señaló que Vicente está identificado como presunto integrante de la Familia Michoacana y relacionado con el control de la comercialización de productos en Tetipac.


La detención se efectuó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante la cual las autoridades federales y estatales buscan combatir las amenazas y exigencias económicas impuestas a empresas, comerciantes y distribuidores.


Tras su captura, el exalcalde fue puesto a disposición de un juez de Control del estado de Guerrero, quien deberá determinar su situación jurídica conforme a derecho.


Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen otras personas investigadas por estos hechos ni han precisado si las presuntas actividades de extorsión se extendían a otras empresas o municipios de la región Norte.


El Gabinete de Seguridad de México sostuvo que continuará con las acciones coordinadas para combatir la extorsión y proteger las actividades económicas y el patrimonio de las familias.


Vicente deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente bajo el principio de presunción de inocencia, mientras las autoridades ministeriales presentan los elementos de prueba relacionados con las acusaciones en su contra.