Por: Ricardo Castillo Barrientos
Están marcados los capítulos dolorosos de la historia nacional y guerrerense, dejando una huella profunda en la sociedad y en las víctimas directas de acontecimientos y atrocidades de diversa índole: masacres, represiones, catástrofes naturales, sísmicas e hidrometeorológicas, desplazamientos de comunidades, desapariciones forzadas, confrontaciones bélicas, etc.
Dos hechos sacuden la conciencia de la población mexicana: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” y más de 100 mil personas desaparecidas, la mayoría jóvenes, hombres y mujeres.
Ambas situaciones son inconcebibles en una humanidad de cambios y transformaciones tecnológicas y democráticas, donde se aboga por el respeto a los derechos humanos en todas las latitudes, sin embargo, persiste el clima de impunidad por la inefectividad de los titulares de instituciones de seguridad, quienes no alcanzan a frenar y esclarecer las abultadas cifras en materia de desapariciones forzadas.
El abominable caso de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es una lección que no acaba de asimilarse, por la complejidad y complicidad de los personajes y factores involucrados, en una trama en apariencia sin fin, cuando están confesos los autores materiales y aun así no se conozca la verdad sobre el destino de los jóvenes, resultando incomprensible el desconocimiento de la información para su localización. La tergiversación de los hechos ha complicado avanzar hacia el esclarecimiento para conocer la auténtica verdad.
Los padres de familia han sufrido el penoso peregrinar de la incesante búsqueda de sus hijos y la desesperación de obtener datos reveladores cuando se dan nuevas detenciones de civiles, agentes de seguridad, militares o funcionarios públicos. Nadie habla sobre el móvil, ha trascendido que transportaba drogas con dirección a Chicago, en uno de camiones tomados por los estudiantes, provocando la reacción violenta de los criminales coludidos con cuerpos de seguridad.
Con la detención del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, por el supuesto ocultamiento y destrucción de material audiovisual grabado la noche del 26 de septiembre de 2014, por las cámaras del Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala. Se pretende determinar este lapso de tiempo para la ubicación de los desaparecidos, los videos no son concluyentes ni definitivos como se demostró en la recreación in situ de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la participación directa de los protagonistas de ese lamentable momento nocturno, cuando policías municipales y otras fuerzas de seguridad, interceptaron el autobús donde se trasladaban entre 15 y 20 estudiantes, menos de la mitad de los jóvenes desaparecidos, por órdenes de “El Patrón”, cuya identidad se desconoce a 12 años de distancia.
La recreación de los hechos de la CNDH demostró solo una salida hacia la carretera nacional con entronque a Huitzuco y rumbo a Chilpancingo. En la salida de la autopista Iguala-Cuernavaca hubiera quedado registrado en las cámaras de la caseta de Caminos y puentes Federales (CAPUFE).
En estas condiciones el ex gobernador Aguirre Rivero no tendría mucho que aportar para que se conozca el destino final de los estudiantes, los videos no son la panacea, si un eficaz pretexto para tratar de responsabilizarlo y cerrar el caso, lo cual sería una aberración para llegar a la auténtica verdad de los lamentables sucesos.
El grupo criminal “Guerreros Unidos” tienen la responsabilidad absoluta de este crimen de lesa humanidad. Por ningún motivo debe quedar en la impunidad, aunque se tenga que investigar a quien se tenga que investigar.