Por: Quadratín IRZA

Familiares y compañeros del normalista asesinado, Yanqui Khotan Gómez Peralta, salieron de la primera audiencia que se llevó a cabo durante seis horas en el juzgado federal, en la zona Diamante del puerto. Al salir del juzgado federal, la madre del joven, Lilia Vianey Gómez, dijo de manera breve, que la audiencia se desarrolló de manera favorable para el esclarecimiento del crimen de su hijo.

 Durante la audiencia la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó la renuncia de Ludwig Marcial Reynoso Núñez como secretario de Gobernación; de Rolando Solano Rivera como secretario de Seguridad Pública y anunció la remoción de Sandra Luz Valdovinos Salmerón como fiscal del estado.

Al respecto, Lilia Vianey Gómez consideró que la decisión fue bien tomada, pero recalcó que el gobierno sólo perdió a dos funcionarios, mientras que ella perdió a su hijo.

POLICÍAS NO FUERON VINCULADOS A PROCESO

Los dos policías estatales que acudieron este jueves a una audiencia a los juzgados federales, por el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, no fueron vinculados a proceso. En la sede del Poder Judicial de la Federación, en la zona Diamante, sus representantes legales solicitaron la ampliación del término de 72 a 144 horas, que les fue concedida.

La audiencia de vinculación a proceso de dos de los tres policías estatales implicados en el asesinato del joven Yanqui Kothan se fijó para las 10:00 horas de este jueves. Acudieron dos de los tres policías estatales vinculados al caso. El tercero, que es el presunto homicida, se encuentra prófugo. Tras casi ocho horas que duró la audiencia al interior de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, se dio a conocer que no quedaban vinculados a proceso, por la ampliación del término de 72 a 144 horas.

NO MÁS MILITARES

En declaraciones previas a la salida de los citados, el sacerdote y director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”, Filiberto Velázquez Florencio, dijo que era preocupante la militarización de las instituciones gubernamentales, más las encargadas de impartir justicia y brindar seguridad a los ciudadanos.

La exigencia como organización defensora de derechos humanos, dijo, es que los cargos luego de la destitución de los funcionarios y la fiscal, es que no vuelvan a ser ocupados por militares. Velázquez Florencio añadió que la exigencia ahora, es que no sean militares quienes se encarguen de las instituciones de justicia por la impunidad que se genera en actividades que corresponden a instancias civiles. Afirmó que los ahora exfuncionarios tendrán que ser llamados a cuentas.