Por: Servicios AINI


Ciudad de México, Febrero 16.- Genaro García Luna no fue un aliado para el cártel de Sinaloa, sino una pieza clave que ayudó a la expansión del grupo criminal al brindarle no sólo personal, sino armas y seguridad, aseguró la fiscal Saritha Komatireddy en los alegatos finales del caso hoy 15 de febrero.

“La evidencia que les hemos mostrado hasta ahora prueba que Genaro García Luna fue un inteligente, poderoso y ambicioso funcionario y al mismo tiempo un aliado y asistente clave para el cártel de Sinaloa”, dijo al jurado al inicio de su exposición.

La fiscal dijo a los 12 miembros del jurado que no fue uno, sino 9 los testigos colaboradores que en sus declaraciones coincidieron en el nivel de importancia que representaba García Luna para el cártel y que se benefició de él al recibir millonarios sobornos. Puntualizó que ninguno de los testigos ha hablado entre sí, por lo que no se pusieron de acuerdo.

“El testimonio de un solo cooperador puede ser suficiente para probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable”, recordó la fiscal al jurado y señaló que con la declaración de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, exoperador de los Beltrán Leyva, se cuenta con las evidencias necesarias en el caso contra García Luna.

Agregó que El Grande explicó cómo era la operación del cártel en cada nivel, en complicidad del gobierno y pidió al jurado recordar la frase de uno de los testigo: “García Luna trabaja para nosotros”.

Aseguró que la evidencia durante el juicio muestra que desde el más alto nivel se brindaba protección a Joaquín El Chapo Guzmán y se refirió a las declaraciones del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien aseguró que el exgobernador Ney González le dijo que la indicación de García Luna en una reunión que sostuvo con él era que “la línea era con los Chapos”.

Describió al cártel de Sinaloa como el “FedEx de la cocaína”, ya que para el tráfico de drogas usa trenes, barcos, contenedores, submarinos y hasta el propio aeropuerto de la Ciudad de México como declaró Jesús El Rey Zambada.

Sobre la riqueza de García Luna, la fiscal dijo que el dinero para los políticos no significa algo para gastar sino poder para comprar gente, medios, aliados y para corromper y se refirió a los créditos para la compra de casas que declaró Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna y única testigo de la defensa, al señalar que son “la perfecta cobertura”.

“Esto es un caso de corrupción al más alto nivel y ustedes tienen la oportunidad de hacer algo. Usen su sentido común y declárenlo culpable”, le dijo la fiscal al jurado.

Defensa pide no creer a criminales que han mentido toda su vida

La Defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna pidió este miércoles a los miembros del jurado que no crean a «criminales que han mentido toda su vida» en sus afirmaciones contra Genaro García y que se atengan más bien a la falta de pruebas concluyentes.

Durante su alegato final, el abogado César de Castro insistió en la inocencia de su cliente y declaró «la falta de pruebas es escandalosa» y que la acusación del Gobierno se fundamenta en los testimonios de «posiblemente los peores criminales que el mundo haya visto».

Fiel al plan mantenido durante las más de tres semanas del juicio, De Castro volvió a desplegar los argumentos que empleó con los siete testigos cooperadores con la Fiscalía que cumplen o han cumplido condena en Estados Unidos, más dos policías mexicanos que hablaron de corrupción dentro de las filas de la Policía Federal.

Según la Defensa, actuaron por venganza contra la cara visible de la lucha contra el narcotráfico en México o mintieron para lograr el beneficio personal, bien para reducir sus sentencias o bien para conseguir que sus familias puedan viajar a Estados Unidos.

«Su testimonio es su manera de escapar (…) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?», comentó De Castro antes de subrayar que los capos y narcotraficantes «son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos».

Sus intervenciones, continuó, «no se pueden creer, son inconsistentes y desafían el sentido común».

«El Gobierno ha hecho un pacto con el diablo», dijo el abogado en referencia al currículum criminal de muchos de los testigos que han reconocido asesinatos y torturas.

En este sentido, intentó también minar el planteamiento de la Fiscalía asegurando que no se había presentado ninguna prueba física como grabaciones de video o audio, conversaciones telefónicas, fotografías, extractos de cuentas o ningún tipo de documentos «que prueben que Genaro García Luna pertenecía» al cártel.

Sobre este asunto, declaró a los miembros del jurado que la Fiscalía se había apoyado en la «cantidad y no en la calidad» y que por esa razón había presentado 26 testigos pero ninguna prueba palpable.

Además, argumentó que el alegato final del Gobierno se había prolongado durante tres horas, en lugar de la hora y veinte minutos que empleó De Castro, por la falta de consistencia y el exceso de detalles.

«La gente suele dar muchos detalles de una materia porque no sabe mucho», ironizó sobre su oponente.

En su discurso, también hizo referencia al testimonio de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, que ayer ofreció la imagen de una familia que había construido poco a poco su patrimonio a base de trabajo, hipotecas y compra y venta de inmuebles y comparó esto con el derroche y las riquezas de los narcotraficantes.

Finalizada la ponencia del defensor, la Fiscalía volvió a tomar la palabra para decir al jurado que lo que De Castro quería demostrar era que había habido una gran conspiración y que García Luna era la persona con peor suerte del mundo.

«Nosotros no hemos elegido a los testigos, García Luna los eligió para hacer negocios con ellos», dijo la fiscal Erin Reid, encargada de tomar la palabra en su segunda intervención para insistir en la culpabilidad del acusado.

Una vez concluidos los alegatos de ambas partes, mañana el juez Brian Cogan dará las últimas instrucciones al jurado antes de que este se retire a deliberar.

Tendrán que decidir si el responsable de seguridad de México durante la era del presidente Felipe Calderón (2006-2012) es culpable o inocente de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en la dirección de una empresa criminal que continua su actividad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

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