Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro. A tres días de vencer el plazo para responder a las “observaciones” que hizo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la reforma de la Ley 701 de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, los diputados de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos no se han reunido para iniciar el análisis y emitir sus valoraciones sobre ese asunto.

“Acostumbrado este Congreso a que todo al último, tenemos (solamente) esos dos o tres días”, confirmó el diputado Masedonio Mendoza Basurto, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Poder Legislativo.

Cabe mencionar que la observación de la titular del Ejecutivo ingresó el 15 de junio al Legislativo, los integrantes de las citadas Comisiones tienen a partir de entonces un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta, mismo que vencerá el miércoles 29.

Mendoza Basurto informó que hace apenas dos días le pidieron a los diputados de ambas comisiones sus aportaciones para incluirlas en el dictamen de respuesta que emitirá la Conferencia del Congreso, figura legal conformada por los diputados de la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la Mesa Directiva, en este caso la legisladora Flor Añorve Ocampo.

“No hemos tenido la oportunidad de sesionar y entablar comunicación para hacer el análisis, necesitamos mucho más estudio, análisis y discusión sobre este tema. Es un tema importante para Guerrero, es la tercera parte de la población que conforman los pueblos indígenas, debería ser un tema fundamental para el desarrollo de este estado”, dijo Mendoza Basurto.

La reforma a la Ley 701 de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas fue aprobada el pasado 24 de mayo, en la cual se reconoce la intervención de las policías comunitarias, pero únicamente para realizar tareas de prevención del delito.

Al respecto el diputado Masedonio Mendoza criticó que no se haya reconocido la pluriculturalidad y el derecho de los pueblos indígenas y afromestizos a realizar acciones de procuración de justicia.

“Hemos criticado el asunto porque le quita a las comunidades indígenas ésta posibilidad del uso de la figura del pluralismo jurídico, es decir, las formas distintas que tienen de aplicar su justicia. Solamente se les deja la prevención de la seguridad pública”, señaló.

Y criticó también: “esta reforma a ley 701 debió ser antes del 14 de abril, cosa que no sucedió y mediante un transitorio en la Ley 179 de Seguridad, se estableció que sería en mayo, lo cual se hizo el 24 de mayo”.
El hecho de que la gobernadora Salgado haya enviado un oficio de observaciones, consideró, significa que no está de acuerdo con la reforma y por eso le pide al Congreso hacer las modificaciones necesarias al dictamen.

Aunque aclaró que en uso de sus facultades legales el Poder Legislativo puede modificar el dictamen de reforma o rechazarlo, pero, en ese caso, deberá “fundamentar el por qué no acepta las observaciones que hace la gobernadora”.