Por: Federico Berrueto
El atentado contra Ciro Gómez Leyva es de gravedad extrema; más serio y trascendente de lo que se advierte. No hay elementos públicos que puedan conducir a las razones y motivaciones del crimen; ojalá las autoridades tengan presunciones fundadas, indicios y pruebas para el explicable sigilo de las investigaciones y que les inhibe de informar. Insisto, es un evento criminal de la mayor gravedad que, como bien dijo el presidente López Obrador, tiene efectos sobre la estabilidad política, y como asimismo bien dicen muchos otros, crucial para la libertad de expresión.
El suceso obliga a cuotas mayores de prudencia y de responsabilidad. Ciro ha puesto el ejemplo, como bien acreditó en sus programas a horas de la acción criminal. Con su conducta hace valer su elevado sentido profesional y su honestidad intelectual. Ejemplar por donde se le vea. Quienes le conocemos vemos ratificada nuestra convicción de que, como periodista y como ser humano, es excepcional.
Sin permiso, este espacio da paso a la especulación a partir de información limitada, porque es necesario plantear hipótesis no convencionales y que nos lleven a una actitud de alerta y prudencia. Disgusta la manera como el presidente se dirige contra aquellos con una postura editorial independiente o crítica. Sin embargo, es posible que la acción criminal haya tenido por propósito desestabilizar al régimen. Si el o los sicarios hubieran logrado su cometido, en su secuela el afectado mayor serían López Obrador y su gobierno.
Obligado es cuestionarnos el propósito de quién ordenó el asesinato del líder de opinión más respetado e influyente del país. La reflexión es obligada porque no parece aceptable la hipótesis de una reacción de la delincuencia para anular una voz y a un conductor de sendos programas informativos que muestran nuestro México ensangrentado por la presencia del crimen organizado y la impotencia de las autoridades.
Es difícil aceptar, pero no debe descartarse la autoría de los criminales que se sintieron aludidos por la labor periodística de Gómez Leyva. A la distancia y sin información es poco creíble porque no medió amenaza ni nada que pudiera anticipar acción para inhibir al medio. De ser cierto el origen y la autoría intelectual en el crimen organizado convencional, debe preocupar que quien ordenó no midió las consecuencias de no quedar en un atentado; además, las posibilidades de impunidad serían escasas a pesar del pésimo récord del régimen en la investigación de los hechos criminales contra periodistas. Es obligado concluir que la secuela obligaría a revisar la complaciente estrategia actual hacia el crimen organizado.
Todavía preocuparía más que el supuesto autor intelectual sí tuviera idea de lo que desencadenaría, por lo que la motivación no sería tanto anular a un periodista y a unos medios incómodos, sino desestabilizar al régimen o, en otras palabras, un acto con motivación política y muy próximo a la lógica terrorista; es decir, sembrar temor en la población a manera de que el criminal avance en sus objetivos respecto al Estado.
La posibilidad de que la acción contra Gómez Leyva se inscriba en una motivación desestabilizadora del régimen obliga a una investigación de parte de las autoridades exhaustiva, muy cuidadosa en todos sus elementos. Soy de la convicción que la oposición formal e informal debe transitar a una forma de tregua, o hasta de apoyo, a las autoridades federales y de la Ciudad de México para que no sean la presión, la maledicencia ni la desconfianza sino la necesidad de saber el origen y motivación del crimen el recurso para llegar a la verdad. Por su parte, López Obrador debe hacer una revisión rigurosa de todos los objetivos de acción criminal que puedan llevar a la inestabilidad política, como él le llama.
En el ambiente de polarización algunos asumen, erróneamente, que todo lo que afecte al presidente y a su gobierno es en beneficio de la causa propia. Considerablemente peor que el autoritarismo y los abusos del poder de origen democrático es el caos, circunstancia propicia para que las naturales aspiraciones de orden y tranquilidad se ofrezcan al margen de la legalidad democrática que nos rige.