Por: Netza Albarrán Razo

La reciente propuesta del presidente López Obrador para que los jueces y magistrados sean electos por voto popular es una iniciativa que debería preocupar a todos aquellos que valoran la independencia judicial en nuestro país. Esta reforma no sólo atenta contra los principios básicos de una justicia imparcial, sino que abre la puerta a que los intereses políticos y personales influyan de manera decisiva en decisiones que deberían ser exclusivamente técnicas y objetivas.

Para ilustrar los peligros de esta reforma, basta con observar el caso del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien recientemente sorprendió a todos al cambiar radicalmente de postura política. De la noche a la mañana, Yunes dejó el bloque opositor y se unió a Morena y sus aliados para apoyar esta reforma. Este cambio súbito pone en evidencia lo volátil que puede ser la lealtad política de algunos personajes, quienes, en lugar de actuar bajo principios firmes, terminan plegándose a las circunstancias que más les favorecen en el momento.

La pregunta que surge entonces es: si un político, que fue electo popularmente, puede cambiar de parecer y actuar según sus propios intereses o los de su nuevo grupo, ¿qué evitará que un juez o magistrado electo bajo el mismo sistema haga lo mismo? En un contexto en el que la justicia debe ser ciega y objetiva, este tipo de decisiones basadas en la conveniencia política podrían llevarnos a un escenario donde las sentencias no se dictan en función de la ley, sino de los intereses de quienes tengan el poder en ese momento.

El objetivo principal de la separación de poderes es garantizar que cada uno de los órganos del Estado opere de manera independiente, sin influencias externas que distorsionen su función. En este sentido, los jueces y magistrados deben estar alejados de la arena política, precisamente para evitar caer en el juego de los intereses partidistas. Si permitimos que sean electos por voto popular, los convertimos en actores políticos, sujetos a la manipulación y los vaivenes que ya hemos visto con demasiada frecuencia en nuestros gobernantes.

Al igual que en el caso de Yunes, es probable que estos jueces y magistrados electos busquen primero agradar a quienes los llevaron al poder, en lugar de velar por la justicia. En vez de actuar de manera imparcial y proteger los derechos de los ciudadanos, se podrían ver obligados a responder a las exigencias de sus electores o a cambiar de bando, tal como lo hizo el senador, dependiendo de qué lado les ofrezca más beneficios o poder en un determinado momento.

Si bien el sistema actual de selección de jueces no está exento de críticas, y existen preocupaciones válidas sobre la transparencia y la rendición de cuentas, la solución no es politizar aún más al Poder Judicial. Un juez o magistrado debe ser evaluado por su conocimiento y capacidad para interpretar la ley, no por su capacidad para hacer campaña o prometer decisiones favorables a ciertos grupos de interés.

La justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, y la imparcialidad de quienes la imparten es esencial para el equilibrio y la equidad en la sociedad. Introducir el voto popular en este proceso socava este principio, y lo que está en juego no es menor: la confianza de los ciudadanos en que la justicia se aplique sin favoritismos ni influencias externas.

El caso de Yunes Márquez es solo una muestra de lo que podría convertirse en una práctica común si esta reforma es aprobada. No es difícil imaginar un futuro donde los jueces, al igual que los políticos, cambien de parecer, no en función de la justicia, sino de sus propios intereses o los de quienes tienen el poder para influir en su carrera.

El sistema de justicia en México necesita reformas, sin duda, pero politizarlo no es la respuesta. La independencia judicial es un valor que debemos proteger a toda costa, y esta propuesta, lejos de fortalecerla, la debilita gravemente.