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Ciudad de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto, “no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población; ni representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus Códigos Penales, pero si vuelve evidente una realidad social que debemos entender como pastores y atender con la debida diligencia”.
Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey presidente de la CEM y Ramón Castro Castro obispo de Cuernavaca y secretario general del organismo episcopal, expusieron que “con fundamento en el principio de relatividad de las sentencias de amparo, la mencionada Primera Sala de la SCJN, consideró que las autoridades no le deben aplicar a GIRE la totalidad de los artículos 331 y 332, así como ciertos fragmentos de los artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, en materia de aborto. Que imponen sanciones penales a quien practique el aborto y a la madre gestante que consienta a ello.
“Además, llama la atención que la Primera Sala de la SCJN haya determinado que, por tratarse de un caso sui generis y de derechos de naturaleza colectiva, deba entenderse que la inaplicación de los citados artículos a favor del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), sea extensiva a todas las mujeres que GIRE acompañe en sus solicitudes de aborto consentido”.
Recordaron que ayer miércoles 6 de septiembre, los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo y protección de la justicia a la asociación civil GIRE, “a fin de que pueda ejercer de forma plena su objeto social. El cual, implica entre otras cosas, la promoción y defensa del aborto, así como el acompañamiento legal a las personas que quieran realizarlo de manera consentida”.
Añadieron que “junto al esfuerzo por velar en bien de la dignidad amenazada de la persona, afirmamos que la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres es deplorable y debe ser excluida de nuestra cultura, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas”.
Los jerarcas destacaron que “la concepción y el nacimiento de una nueva vida humana representan un bien cuyo valor es infinito. Su cuidado y protección no es una responsabilidad que concierne solamente a mujer gestante sino a la sociedad en su conjunto que no puede lavarse las manos suprimiendo al más débil, la persona naciente, sino que está llamada a generar las condiciones mejores para acoger la vida y no a descartarla”.