La igualdad no admite prórrogas
Por: Alejandra Salgado Romero
“»Todo lo que hemos conquistado en estos años no han sido regalos; son conquistas que las mujeres hemos ganado”
Michelle Bachelet
«La igualdad no se negocia, ¡se defiende!”, frase que resume más de setenta años de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos políticos, -los de las mujeres-, y una convicción que hoy vuelve a ponerse a prueba. Cada generación de mujeres mexicanas ha escuchado, con distintas palabras, el mismo mensaje: todavía no. Todavía no es tiempo de votar, todavía no es momento de gobernar, todavía no existen las condiciones para competir en igualdad, todavía no hay suficientes mujeres preparadas… en fin, siempre lo mismo: todavía no.
La historia de nuestros derechos podría escribirse, precisamente, como la historia de todas las veces que nos pidieron esperar. Por eso el debate que hoy vive Guerrero rebasa, por mucho, el contenido del Decreto 538 aprobado por el Congreso del Estado. No estamos frente a una discusión exclusivamente técnica, ni electoral. Lo que está en es decidir si el Estado puede aplazar el ejercicio pleno de un derecho humano ya reconocido por la Constitución. Las organizaciones feministas que han decidido acudir nuevamente a los tribunales sostienen que no. Su postura parte de un principio básico del constitucionalismo contemporáneo: los derechos humanos no pueden retroceder por conveniencia política. Y esa discusión merece ser escuchada.
Las mujeres mexicanas obtuvimos el derecho al voto en 1953, después de décadas de movilización encabezada por figuras como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Amalia González Caballero de Castillo Ledón y muchas otras cuya historia aún permanece insuficientemente contada. Aquel reconocimiento representó apenas el inicio de un camino mucho más largo. Durante décadas las mujeres pudieron votar, pero casi no podían decidir. Las cifras lo evidenciaban. Hasta finales del Siglo XX, la presencia femenina en los congresos, ayuntamientos y gubernaturas era excepcional. La igualdad jurídica existía en el papel, pero el acceso al poder seguía condicionado por estructuras políticas diseñadas históricamente para los hombres.
Fue necesario construir acciones afirmativas, cuotas de género, reformas electorales y, finalmente, la reforma constitucional de 2019 conocida como Paridad en Todo, para reconocer que la igualdad formal era insuficiente y que el Estado tenía la obligación de garantizar una participación equilibrada en todos los espacios públicos. México dejó de ser un observador, para convertirse en referente internacional. De acuerdo con la Unión Interparlamentaria y Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), nuestro país se encuentra entre las democracias con mayor representación femenina en sus órganos legislativos nacionales. Ese avance no fue producto de la casualidad ni del paso del tiempo. Fue consecuencia de decisiones constitucionales que entendieron una verdad sencilla: la democracia pierde legitimidad cuando excluye sistemáticamente a la mitad de la población.
Por eso preocupa que, bajo argumentos de gradualidad o transición, puedan adoptarse medidas que, según las organizaciones promoventes del litigio, retrasan la materialización de la paridad sustantiva en Guerrero. La desigualdad contemporánea rara vez se presenta diciendo «las mujeres no pueden»; ahora suele expresarse de formas mucho más sutiles: «esperemos un poco más», «hagámoslo después», «primero consolidemos otras condiciones». Pero el resultado es el mismo: la postergación del ejercicio efectivo de un derecho. Las autoridades jurisdiccionales decidirán, pero corresponde a la ciudadanía debatir qué tipo de democracia queremos construir y si la igualdad puede quedar sujeta a calendarios políticos, cuando la Constitución ya la reconoce como un principio rector del Estado mexicano.
El artículo 1º constitucional incorpora el principio de progresividad de los derechos humanos, que impone a todas las autoridades el deber de avanzar en su protección y evitar retrocesos injustificados. A ello se suman los compromisos internacionales asumidos por México mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que exhortan a eliminar los obstáculos estructurales que limitan la participación política de las mujeres y reconocen la legitimidad de las medidas especiales para acelerar la igualdad sustantiva.
Desde esa perspectiva, el litigio que hoy impulsan organizaciones de mujeres guerrerenses no debe entenderse como un enfrentamiento contra un poder público, sino como el ejercicio de un derecho democrático: acudir a las instituciones para que revisen si una norma se ajusta al marco constitucional y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Hay un aspecto particularmente esperanzador en este proceso. Las mujeres de Guerrero no estamos solas. La solidaridad expresada por organizaciones, académicas, activistas y defensoras de derechos humanos de distintas entidades demuestra que la democracia paritaria dejó de ser una agenda local, para convertirse en una causa nacional. Esa articulación también envía un mensaje poderoso. Las nuevas generaciones ya no aceptan que los derechos dependan exclusivamente de la voluntad política de las mayorías legislativas. Hemos aprendido a utilizar la Constitución, los tribunales, los organismos públicos de derechos humanos y el derecho internacional como herramientas de transformación. En ello reside quizá la mayor fortaleza de nuestra democracia.
La igualdad no se hereda… se construye. Y, cuando es necesario, también se defiende. Las mujeres que hoy promueven acciones jurídicas en Guerrero no litigan únicamente por las próximas elecciones. Litigan para que ninguna niña crezca creyendo que el acceso al poder puede aplazarse por decisión de otros. Litigan para que las jóvenes encuentren instituciones coherentes con el principio de igualdad que aprendieron en las aulas. Litigan para que la palabra paridad conserve el significado que la Constitución le otorgó: una garantía democrática y no una promesa diferida.
Los derechos políticos de las mujeres nunca han sido una concesión. Han sido el resultado de generaciones enteras que decidieron no aceptar que el «todavía no» fuera la última palabra. Hoy esa historia continúa escribiéndose en Guerrero. Cualquiera que sea la resolución de los tribunales, hay una certeza que ninguna reforma puede modificar: cuando las mujeres defienden la igualdad, no sólo protegen sus propios derechos, sino participan activamente a fortalecer la democracia de todas y todos.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alejandra.salgado.esdafzk@gmail.com.