Por: Álvaro Venegas Sánchez
En Querétaro, reunida la clase política en el emblemático Teatro de la República para conmemorar el 106 aniversario de la Constitución, el presidente López Obrador destacó que a pesar de las modificaciones que hicieron a la Carta Magna ésta no ha muerto. Enfatizó que, de 1983 al 2018, fue la corrupción quien imperó y el afán de lucro desmedido llevó a cambiar los principios y las normas constitucionales hasta casi despojarla de su letra y espíritu original, “porque los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos, fueron introducidos en el texto para impedir en el futuro cualquier transformación en un sentido nacional, democrático y popular”.
Luego, en una especie de balance general, mencionó las reformas entreguistas y antipopulares que sucedieron tales como: apertura a la venta de empresas públicas, bancos, ejidos y minas; contratos y concesiones petroleras, industria eléctrica y telecomunicaciones; la privatización de ferrocarriles, puertos, aeropuertos y hasta las cárceles; limitaron la gratuidad de la educación pública; conversión de deudas privadas en públicas para que el pueblo las pagara (el Fobaproa), entrega del manejo de las pensiones de los trabajadores a particulares (mediante las Afores). Este recuento culminó con una afirmación: “todos esos cambios ocurrieron dentro de una democracia simulada, controlada por políticos y tecnócratas al servicio de grandes intereses económicos”.
El presidente está convencido que es raro encontrar algo positivo de ese periodo. Sin embargo, para no dar la impresión de aprovechar el acto para transmitir una apreciación del pasado estrictamente personal, convocó a todos los mexicanos interesados y no sólo a la audiencia presente en el recinto, investigar si durante ese tiempo hubo alguna reforma a la Constitución en beneficio del pueblo; para él, no hay duda, “absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera”.
Ante semejante contundencia y el reto presidencial a investigar, contrastaron los mensajes que ofrecieron Santiago Creel Miranda (PAN), presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Norma Piña, presidenta de la Suprema de Justicia de la Nación. La ministra de SCJN, de quien todo mundo esperaría una señal de cambio y compromiso con dimensión social, considerando que esto ocurre en el contexto del escándalo que produce el juicio a García Luna, se concretó a exponer la relevancia de la independencia judicial para garantizar una adecuada impartición de justicia e invitó “a evitar encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria para, tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación del deber cumplido”. La perorata incluyó: la actuación del Poder Judicial debe estar a pegada a derecho y de cara a la sociedad para rendir cuentas de su función. Lo último es falso, la opacidad resplandece y lo otro resulta cuestionable.
Santiago Creel, quizás aun con el humor de la polémica que causó al impedir el paso de militares armados al pleno de la Cámara fue más pichicato. El panista, se le vio como fuera de lugar hablando del proyecto de reforma electoral y demandando diálogo porque “la política también es conciliación de intereses encontrados”. Con énfasis planteó: “el pueblo mexicano siempre ha abarcado a muchos Méxicos. No sólo uno y menos uno homogéneo”. Revindicó el principio de que “la mayoría decide, pero no se puede excluir a parte del pueblo”. Sin duda, añora la política de concertación y quisiera que López Obrador tratara al PAN como lo hizo Carlos Salinas de Gortari y después Vicente Fox, que devolvió el favor apapachando al PRI.
Lugar y fecha en que los representantes de los tres poderes hablaron no podrían ser mejor. Gran oportunidad para que, respetando la independencia de cada uno, transmitieran a la Nación lo que están haciendo o tienen disposición de hacer para bien de todos los mexicanos. Sólo el presidente lo hizo después de cuestionar las reformas antipopulares; incluso llamó a seguir luchando y no dejar de insistir en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público. Norma Piña nada más se comprometió con los derechos, no con la justicia. En tanto Creel, parece visualizar que el único obstáculo es el presidente de República. Pues es lo que tenemos.