Por: Fernando Polanco Ochoa

Chilpancingo, Gro., Marzo 25.- El Congreso local analiza tipificar como delito el matrimonio «infantil forzado», mediante una reforma al artículo 177 Bis del Código Penal del Estado de Guerrero.

Mediante esa modificación, el Poder Legislativo busca contribuir a erradicar las prácticas que atentan contra los derechos de las niñas y adolescentes en los pueblos originarios de la entidad, especialmente en las regiones Montaña y Costa Chica.

El dictamen ya fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso local, el cual establece sanciones de 5 a 15 años de prisión para quienes obliguen a menores de edad a cohabitar en “uniones forzadas”.

Sin embargo, prevé que las penas serán agravadas si las víctimas pertenecen a pueblos indígenas. De acuerdo con los antecedentes, esa práctica es recurrente en municipios de la región Montaña como Metlatónoc y Cochoapa el Grande, entre otros.

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que el propósito es erradicar las prácticas que atentan contra los derechos de las niñas y adolescentes.

De acuerdo con el Censo del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 27.8 mil indígenas adolescentes de entre 12 y 17 años en el país se encontraban casadas o unidas, la cifra representaba el 7.5 por ciento de las adolescentes indígenas.

Desde el portal oficial del gobierno federal, con base en un estudio, indica que hace 10 años, 1 de cada 4 mujeres se casaban siendo niñas. Actualmente es 1 de cada 5, lo que indica que el matrimonio infantil continúa como práctica generalizada en México.

Durante el año 2022 el Congreso de Guerrero reformó el Código Penal para incorporar la figura de la “cohabitación forzada” en el capítulo de “Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad”.

Esa reforma establece que a quien promueva uniones tempranas se le impondrá de 5 a 15 años de prisión, así como una multa de 250 a 750 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pero la nueva reforma busca tipificar esa práctica como delito.