Boletín
Chilpancingo, Gro., Sept. 2.- Para establecer las bases, principios, instrumentos, programas, mecanismos de coordinación y apoyos que garanticen el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, la diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vivienda del Estado de Guerrero y se abroga la Ley de Vivienda Social vigente.
La legisladora informó que la vigente Ley Número 573, publicada en 2004, respondió a una realidad específica para enfrentar problemas que entonces ya resultaban visibles, como el crecimiento urbano desordenado, insuficiencia de servicios, falta de reservas territoriales, dificultades para acceder al financiamiento, debilidad en los mecanismos de coordinación institucional y ausencia de instrumentos suficientes para planear y evaluar la política habitacional.
Sin embargo, consideró que resulta significativo adoptar una nueva perspectiva respecto de las competencias de las autoridades, la política pública, la coordinación institucional, la participación social, el financiamiento y los mecanismos de seguimiento y evaluación.
En ese sentido, refirió que su iniciativa articula la política de vivienda con el suelo, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, la protección civil, la gestión integral de riesgos, la sustentabilidad y la participación social.
De la misma forma, dijo, se plantea fortalecer la planeación mediante un Programa Estatal de Vivienda, además de un Sistema Estatal de Vivienda como mecanismo permanente de coordinación.
Abundó que también se redefine la actuación institucional del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero; se amplían los mecanismos de financiamiento y apoyo; se fortalece la producción social, la autoproducción y la autoconstrucción; y se coloca en el centro de la política pública la calidad, accesibilidad, habitabilidad, sustentabilidad y resiliencia de las soluciones habitacionales.
Todo lo anterior, remarcó, significa reorganizar sistemáticamente la legislación habitacional del estado, a partir de una premisa fundamental: la vivienda adecuada constituye un derecho cuyo cumplimiento depende de la articulación de factores jurídicos, sociales, económicos, territoriales, ambientales, institucionales y comunitarios.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Vivienda para su correspondiente análisis y dictaminación.