Boletín
Chilpancingo, Gro., Septiembre 2.- La diputada Marisol Bazán Fernández, de Morena, presentó ante el Congreso de Guerrero una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer de manera expresa que quienes administren recursos públicos estén obligados a hacerlo con eficiencia, eficacia, economía y, de manera fundamental, honradez.
«El tema de la honradez en el manejo de recursos debe ser considerada como artículo constitucional y no sólo en leyes secundarias, como sucede actualmente», enfatizó Bazán Fernández.
Desde tribuna, la legisladora sostuvo que el dinero público pertenece al pueblo y que quienes reciben la responsabilidad de administrarlo deben responder a la confianza depositada en ellos con rectitud, integridad y sin amiguismos ni complicidades.
Subrayó que ejercer un cargo público no significa tener la propiedad del poder ni de los recursos, sino asumir la obligación de utilizarlos exclusivamente para beneficio de la sociedad.
Bazán Fernández advirtió que durante años algunas personas han confundido el servicio público con una oportunidad para obtener beneficios personales, convirtiendo instituciones en espacios de intereses particulares y pretendiendo hacer de los recursos públicos un patrimonio de unos cuantos.
Por ello, afirmó que la ética pública no debe quedarse en conceptos abstractos, sino reflejarse en la manera en que se ejerce y se vigila cada peso destinado a atender las necesidades de la población.
EL DINERO ES DEL PUEBLO
La propuesta busca que los tres poderes del Estado, los organismos autónomos, los municipios, los partidos políticos, la Universidad Autónoma de Guerrero y demás entes públicos queden sujetos expresamente a estos principios.
La iniciativa contempla modificaciones de manera transversal a 17 artículos constitucionales, con el propósito de cerrar la laguna normativa que, según expuso la diputada, actualmente impide que estas obligaciones tengan el mismo alcance para todas las instituciones que ejercen recursos públicos.
La legisladora señaló que la reforma tiene una dimensión jurídica, administrativa, política y ética, al pretender fortalecer la vigilancia, prevención, detección y sanción de conductas contrarias a la honradez.
En ese sentido, sostuvo que la rendición de cuentas representa una forma de respeto al pueblo y que toda persona que decida sobre el dinero público debe estar dispuesta al escrutinio de la sociedad.
Además de las disposiciones relacionadas con el manejo de recursos, Bazán Fernández propuso elevar a rango constitucional la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, así como promover el uso de lenguaje incluyente en la Constitución local.
La diputada Claudia Sierra Pérez se adhirió a la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis.