Por: Álvaro Venegas Sánchez
“La barbarie está ganando. No la barbarie de las hordas salvajes que imaginaban los antepasados. La nuestra (la de hoy) es sofisticada: viste traje de marca, cotiza en bolsas y tiene cuentas en Islas Caimán. Destruye el planeta con hojas de cálculo, mata con algoritmos y celebra la miseria ajena con champán francés”.
He tomado los enunciados anteriores de la introducción que hace Alán Barroso, en su libro Civilización o Barbarie. Reflexionando la lectura de El suelo o las alas, últimas páginas del final, me encuentro con la nota periodística del 18 de agosto: “Poseen 57 funcionarios de Trump fortunas de por lo menos 100 millones de dólares. Hay más magnates que en las tres presidencias previas juntas”. El encabezado de la página del periódico cayó, en mis momentos de cavilación como drástico ejemplo del análisis y los argumentos de Alán Barroso.
Según el informe del grupo defensor de los consumidores Public Citizen, son 57 colaboradores en el gobierno de Donald Trump los que poseen un patrimonio económico de al menos 100 millones de dólares, incluidos 17 embajadores y 40 en cargos clave y de alto nivel en todo el Poder Ejecutivo. Él, debe su regreso a la Casa Blanca al apoyo de estadounidenses de ingresos medios y trabajadores comunes atraídos por su promesa de bajar el costo de vida. Sin embargo, siendo también multimillonario, se inclinó por nombrar a ultrarricos como deferencia al éxito financiero.
Esta política no es nueva. El grupo defensor da cuenta que desde hace tiempo los presidentes de Estados Unidos han buscado el consejo de las personas más ricas del país; han recurrido a ellas y las han incorporado en puestos administrativos de alto rango, además compensan a partidarios ricos e influyentes con embajadas: el republicano George W. Bush y el demócrata Joe Biden incluyeron cada uno a cinco integrantes con ese perfil y el demócrata Barack Obama consideró sólo tres. El informe advierte que, “un gobierno en el que abundan integrantes de la élite económica plantea problemas potenciales”.
Lisa Gilbert, copresidenta del grupo Public Citizen señala: “Cuando la gente que lleva las riendas del gobierno proviene de manera abrumadora de las filas de los ultrarricos, ello deriva en incentivos perversos y corruptos y lleva a preguntarse a qué intereses responden en realidad estas personas”. Según mi entendimiento, responden al deseo e interés de ampliar sus riquezas, no para servir a los menos favorecidos de Estados Unidos ni de allende sus fronteras; han dicho y repiten con cinismo que sueñan hacer un resort turístico en Gaza, a Venezuela están robándole su petróleo después de una acción de dos horas para secuestrar a su presidente y Trump dice que “Cuba no tiene petróleo pero sí bonitas playas”, etc.
La cavilación y la nota informativa me remontaron al tiempo de entrega de los recursos nacionales interrumpido en 2018 con el triunfo de López Obrador: las mineras, Pemex, CFE, el litio, Calica (filial de la estadounidense Vulcán), el proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional en el lago de Texcoco, las playas privadas, el congelamiento del salario mínimo; la película neoliberal pasó rápido en mi mente.
En México, no precisamente gobernaba la plutocracia; eran escasos los que aparecían en la lista Forbes. Lo que había era una especie de gobierno concesionado a los políticos que, a la vez, respondían a los intereses de los sindicatos o corporaciones empresariales no permitiendo incrementos salariales más allá de la inflación y siempre ajustándose a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Poder económico y poder político estaban tan fundidos que, los candidatos a la presidencia debían tener el aval de la élite del sector privado, venía después “la cargada popular con el bueno”.
El empoderamiento en 2018, evitó que la mayoría de los mexicanos viviéramos las tragedias económicas y sociales que están experimentando argentinos, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos próximamente y la población migrante en Estados Unidos. Cualquier ciudadano puede imaginar quienes habrían conformado el gabinete de Ricardo Anaya o de Xóchitl Gálvez en 2024. Ni duda cabe, varios impresentables andarían despachando en oficinas del Poder Ejecutivo cuya sede continuaría en Los Pinos, de Jueces o ministros de la SCJN con Norma Piña, quien estaría vigente en la presidencia.
Ese es el motivo de la indignación de los políticos que perdieron la concesión. No quieren más ni mejor democracia, menos el bienestar de las mayorías; buscan retomar el poder para ejercerlo en beneficio de pocos, como antes.
Iguala, Gro. 24 de agosto de 2026