Por: Ernesto Cordero
El clientelismo electoral no solo representa una regresión democrática, al condicionar la recepción del subsidio a apoyar incondicionalmente al gobierno. Llevado al extremo, también puede convertirse en una amenaza para la estabilidad de las finanzas públicas de un país.
Una política social bien diseñada es mucho más que repartir dinero. Los programas sociales deben tener un objetivo claramente definido, identificar el problema social que buscan resolver, focalizar a la población que realmente necesita el apoyo, establecer mecanismos de evaluación para medir resultados y exigir algún grado de corresponsabilidad a los beneficiarios. Existen numerosos ejemplos exitosos en el mundo bajo estos principios, y México, en el pasado, fue reconocido internacionalmente por programas que incorporaban varios de estos elementos.
Hoy, sin embargo, buena parte de la política social en México ha perdido esa lógica. Las transferencias monetarias han desplazado a la evaluación, la focalización y la medición de resultados. Se han convertido en herramientas para construir lealtades políticas. En la práctica, estos programas funcionan como mecanismos de movilización electoral financiados con recursos públicos.
El problema es que las clientelas electorales no tienen límite. Siempre existe la tentación de incorporar nuevos beneficiarios o incrementar el monto de los subsidios. Pero los recursos públicos sí tienen límites. Para sostener este modelo, el gobierno ha intentado elevar la recaudación mediante una fiscalización cada vez más agresiva sobre los contribuyentes. Aun así, los ingresos no alcanzan para financiar tanto subsidio.
Ante esto, este gobierno decidió desplazar recursos desde otras prioridades. Se han reducido presupuestos destinados a medicamentos, equipamiento hospitalario, escuelas, mantenimientos carreteros y de plano a recortar dramáticamente el presupuesto en inversión pública.
Cuando ni siquiera esos ajustes resultan suficientes, queda un último recurso: el endeudamiento. México ha incrementado de manera importante su deuda pública en los últimos años. La deuda del sector público (medida por los Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector Público SHRFSP) pasó de 35.6% del PIB en 2012 a 52.6% en 2026. El dato verdaderamente preocupante no es solo el nivel de la deuda, sino que ésta está creciendo más rápido que la capacidad de generación de ingresos de la economía.
Al mismo tiempo, la inversión privada permanece débil y el crecimiento económico continúa prácticamente estancado. Sin crecimiento, también se desacelera la recaudación tributaria. La combinación es peligrosa: un gasto rígido y creciente financiado por una economía que avanza cada vez menos.
Si esta trayectoria continúa y la deuda sigue aumentando más rápido que el ingreso nacional, México enfrentará una presión creciente sobre su perfil crediticio. Las agencias calificadoras podrían revisar negativamente la calificación soberana si consideran que la trayectoria fiscal deja de ser sostenible. Allí ya no tenemos margen de maniobra. Estamos muy cerca de que México pierda el grado de inversión. Esto significaría que la gran mayoría de los recursos extranjeros tengan que emigrar de nuestro país, pues por regulación no pueden ser invertidos en países con tan mala calificación crediticia.
Si eso sucede, se cumplirá el caro anhelo de López Obrador…ver a México convertido en un país bananero…