Boletín
Chilpancingo, Gro., Mayo 14.- Para establecer que en la elaboración de las iniciativas se emplee un lenguaje inclusivo, accesible y no sexista, incorporando de manera transversal la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y a los principios de igualdad y no discriminación, asegurando que dichos criterios se reflejen y se observen igualmente en la redacción de los ordenamientos que se pretendan crear o modificar, la diputada Leticia Mosso Hernández propuso adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.
Añadió que, durante décadas, el lenguaje jurídico tradicional ha reproducido estructuras lingüísticas androcéntricas y excluyentes que parten de la falsa neutralidad del masculino genérico como fórmula universal de representación normativa, lo que ha contribuido históricamente a invisibilizar a las mujeres y a otros grupos poblacionales dentro del discurso jurídico e institucional, perpetuando esquemas culturales discriminatorios contrarios a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.
Además, dijo que la complejidad excesiva, el tecnicismo innecesario y la falta de accesibilidad en la redacción normativa constituyen barreras que dificultan a la ciudadanía comprender plenamente el contenido de las leyes, lo que impacta negativamente en los principios de certeza jurídica, transparencia legislativa, máxima publicidad y acceso efectivo a la información pública.
Por ello, considera que el lenguaje legislativo debe transformarse en una herramienta de inclusión, accesibilidad y reconocimiento de la diversidad social, de manera que las normas reflejen adecuadamente la pluralidad de personas destinatarias del orden jurídico y garanticen una comunicación jurídica clara, comprensible y respetuosa de los derechos humanos.
Y plantea que, en el Poder Legislativo, como órgano creador de normas, se debe garantizar que el lenguaje con el que produce el derecho sea congruente con los principios constitucionales y convencionales que orientan el actuar estatal, y que se establezca la obligación de que los instrumentos parlamentarios se elaboren empleando lenguaje inclusivo, accesible, comprensible y no sexista, con transversalización de la perspectiva de género, respeto irrestricto a los derechos humanos y observancia de los principios de igualdad y no discriminación.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.