Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Al menos 2 mil 737 casos de depresión se registraron en Guerrero durante el último año, de los cuales 102 derivaron en intentos de suicidio y 159 personas “idearon” su muerte, y la estadísticas se comportan al alza.
Las cifras que corresponden a uno de los problemas de salud mental más graves y estigmatizantes, pero también de los de mayor silencio, fueron expuestas por la diputada perredista Erika Isabel Guillén Román, durante la sesión del Congreso local de este miércoles.
Ante la plenaria presentó una iniciativa de reforma a la Ley 688 de Personas Jóvenes para fortalecer el acceso a la salud integral, con énfasis en la atención a la salud mental para las juventudes.
Advirtió que la salud mental se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales en el país, particularmente entre la población joven, que ha sido presa de casos serios de depresión.
De acuerdo con cifras del sector Salud, agregó, durante el 2024 registraron 8 mil 856 muertes por suicidio en 2024 en México, ubicándose como una de las principales causas de fallecimiento entre personas de 15 a 29 años.
Y que en Guerrero los indicadores reflejan un incremento en padecimientos mentales entre jóvenes, por lo que consideró urgente tomar medidas de prevención y atención, las cuales no existen.
Guillén agregó que durante el 2025 reportaron 2 mil 737 casos de depresión, así como 102 intentos de suicidio y 159 casos de ideación suicida, cifras que, aunque son menores en proporción nacional, evidencian una problemática creciente.
Explicó que su iniciativa propone la creación del artículo 43 bis para reconocer explícitamente el derecho a la salud mental, para obligar al Estado a garantizar servicios integrales de atención psicológica y psiquiátrica.
También programas permanentes de prevención del suicidio, ansiedad y depresión. Además, que contemple la implementación de protocolos de detección temprana en escuelas y líneas de atención gratuitas y confidenciales.
La propuesta en su artículo 44 plantea asegurar el acceso universal, gratuito y sin discriminación a servicios de salud, incorporando estándares de calidad, confidencialidad y respeto a los derechos humanos.