Boletín
Chilpancingo, Guerrero, Abril 29.- El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero para garantizar el asesoramiento jurídico gratuito a este sector en cualquier procedimiento administrativo o judicial, ya sea civil, familiar, penal o agrario.
Al fundamentar el dictamen —derivado de una propuesta presentada por la diputada Violeta Martínez Pacheco, a nombre de la Comisión de Atención a las Personas Adultas Mayores— el diputado Juan Valenzo Villanueva explicó que el objetivo de reformar el artículo 17 de este ordenamiento es eliminar la restricción que limitaba la asesoría legal únicamente al ámbito laboral.
Recordó que en Guerrero habitan más de 443 mil personas adultas mayores, y que las y los legisladores tienen el deber de garantizar que este sector cuente con derechos y herramientas reales para su defensa.
Detalló que, hasta ahora, la legislación establecía que la Secretaría General de Gobierno solo estaba obligada a brindar asesoría jurídica gratuita en materia laboral, sin posibilidad de representar a las personas adultas mayores en casos como juicios sucesorios, despojo de propiedad o abusos patrimoniales en el ámbito familiar.
Esta situación, añadió, colocaba en desventaja económica a este sector, pues para atender estos asuntos debían contratar a un abogado particular. Con las modificaciones aprobadas se avanza en la progresividad de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
De este modo, se garantiza el asesoramiento jurídico gratuito en cualquier procedimiento administrativo o judicial —civil, familiar, penal o agrario— asegurando que el Estado brinde representación legal efectiva.
Reformas a la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero
Las diputadas y los diputados también aprobaron reformar la fracción VIII del artículo 78 de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo, para incrementar el estímulo al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal del 5 al 25 por ciento, condicionado a que las empresas contraten al menos un 8 por ciento de personas con discapacidad dentro de su plantilla laboral.
El diputado Alejandro Bravo Abarca, al fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Atención a las Personas con Discapacidad y de Desarrollo Económico y Trabajo, destacó que esta reforma busca incentivar de manera efectiva la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector productivo del estado.
Explicó que actualmente la legislación contempla un estímulo del 5 por ciento para las empresas que integren a personas con discapacidad en su plantilla; sin embargo, con la reforma se incrementa al 25 por ciento, condicionado a que al menos el 8 por ciento de su personal pertenezca a este sector. La propuesta inicial fue impulsada por el diputado Arturo Álvarez Angli.