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Ciudad de México, La impunidad que persiste en México frente a la crisis de desaparecidos, sumada al ofrecimiento de acompañamiento internacional y al llamado a no politizar el tema, fueron las conclusiones de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras su visita a México.


Türk advirtió que la polarización es hoy uno de los principales obstáculos para garantizar justicia a las víctimas.


Durante cuatro días, el Alto Comisionado de la ONU se reunió con madres buscadoras, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridades de la Fiscalía General de la República, fiscales estatales y con la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes exhortó a encontrar mecanismos que resuelvan la crisis de desaparecidos.


“Yo hice una solicitud, una súplica, que también es para la sociedad en su conjunto, abordar el tema de las desapariciones como un asunto central que debe resolverse, pero sin polarizarlo ni politizarlo. Lo que he observado en mis visitas es que la polarización no ofrece justicia a las víctimas ni a quienes han sufrido. Lo que se requiere es avanzar hacia una solución”, dijo en conferencia de prensa.


Destacó que la impunidad es el problema más recurrente señalado por víctimas, buscadoras y organizaciones. “Se exige que cese la impunidad, que se haga justicia por los crímenes cometidos y que existan procesos efectivos de rendición de cuentas, que incluyan el reconocimiento del dolor, la reparación del daño y garantías de no repetición”, relató.


Tras las tensiones entre el gobierno mexicano que rechazó un informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada presentado a inicios de este mes, el cual considera que existen indicios fundados de desapariciones forzadas sistemáticas en el país, Türk llamó al Estado a cumplir su responsabilidad con el apoyo internacional.


“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México. Provocan un sufrimiento inimaginable para las familias y erosionan profundamente la confianza entre la población y el Estado, responsable de prevenir, investigar y sancionar estos delitos”, dijo.