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Ciudad de México, Tras siete meses de investigaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el desmantelamiento de una red dedicada al robo, almacenamiento y comercialización de «huachicol».
«Esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región”, reconoció en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Esta red operaba en el centro del país, específicamente en municipios del Estado de México e Hidalgo, como Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.
El grupo actuaba mediante tomas clandestinas, empresas fachada y una red vehicular y logística que incluía 61 pipas, 55 autotanques, 11 tractocamiones y diversos centros de almacenamiento.
García Harfuch explicó que la organización operaba a través de 10 empresas gaseras que funcionaban como fachada y confirmó que esta estructura ocupó el lugar de otra red desmantelada en junio de 2025, la cual operaba en Querétaro, Estado de México y la Ciudad de México.
“El hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación, lo que permitía su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos”, precisó.
Durante el transcurso de la investigación se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles Estado de México y 10 en Hidalgo, donde fueron detenidas siete personas. Destaca el líder del grupo, identificado como Mauricio “N”, quien coordinaba las operaciones logísticas y organizaba a los operadores financieros, administradores y colaboradores responsables de la dispersión de recursos hacia otros estados del país como Querétaro, Chihuahua y Tamaulipas.
Por su parte, Ulises Lara López, fiscal especial en investigación y asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que las investigaciones financieras permitieron detectar que el grupo aprovechó su conocimiento de los sistemas de control y las fallas de supervisión para evadir obligaciones fiscales y regulatorias.
“Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos”, concluyó.