Félix vs. Alcalde: ¿el caudillismo local contra la conquista chilanga de Guerrero?
Por: Jesús Lépez Ochoa
Hay momentos en que una declaración aparentemente menor revela, con quirúrgica precisión, el estado real del poder. Cuando el senador Félix Salgado Macedonio dijo —sin dar nombre pero sin dejar lugar a dudas— que «los que me fustigan tienen a toda su familia en el gobierno», no estaba respondiendo un cargo. Estaba abriendo un frente. Y el destinatario, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, lo sabe perfectamente.
El intercambio no es una riña de egos. Es la manifestación pública de una guerra de fondo por el control político de Guerrero rumbo a 2027, donde quien gane la gubernatura administrará más de 87 mil millones de pesos — cifra que incluye casi 46 mil millones para el Poder Ejecutivo, más de 22 mil millones en transferencias a municipios, y otros miles repartidos entre el Legislativo, Judicial, órganos autónomos y sector paraestatal. Un botín que, sumado a los recursos federales etiquetados al estado, construye la plataforma territorial más sólida del sur del país para la sucesión presidencial de 2030. Precisamente la sucesión que Alcalde no oculta que le interesa disputar.
El argumento que ella esgrime es el nepotismo. El problema es que el argumento no tiene piso jurídico. La reforma constitucional que incorporó el «nepotismo electoral» fue publicada en el DOF el 1 de abril de 2025, pero sus artículos transitorios establecen con toda claridad que la prohibición entra en vigor hasta los procesos electorales de 2030. Para 2027, la norma constitucional sencillamente no existe como derecho aplicable. Y el nepotismo administrativo —vigente en la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas— tampoco aplica al caso Guerrero: requiere que un funcionario designe directamente a un familiar en su misma dependencia. Evelyn Salgado no elige candidatos. Lo hace una encuesta organizada por los órganos nacionales del partido. La cadena causal que exige la ley se rompe antes de configurarse. Lo mismo ocurre, dicho sea con la misma vara, con los siete familiares de Alcalde documentados en la nómina federal.
Lo que Morena llama principio ético es, en rigor, una decisión de oportunidad política sin fundamento normativo vigente. Y la selectividad con que se aplica revela que el principio no es el fin. Es la coartada. El fin es la reconfiguración del poder interno del partido de cara al fin del sexenio, y tiene una dimensión que trasciende a Guerrero: quien controle las gubernaturas de 2027 controlará las estructuras territoriales de las campañas presidenciales de 2030. Alcalde lo sabe. Por eso veta. Y por eso Salgado le responde en público cuando las negociaciones privadas no dan resultado.
En ese vacío que el veto intenta crear han florecido ya más de veinte aspirantes, varios de ellos articulados en un bloque organizado con apoyo de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, con la senadora Beatriz Mojica como figura visible. Pero el caso que mejor ilustra la mecánica real del proceso es el de Esthela Damián Peralta. Nombrada consejera jurídica de la presidencia en diciembre de 2025, fue leída en su momento como un descarte del tablero guerrerense. No lo fue. Al día siguiente de su nombramiento, sus promotores en Guerrero ya viajaban a la capital del país, donde Damián designó coordinadores para cada región del estado. La estructura territorial estaba armándose mientras el cargo recién se firmaba. Su cercanía con Sheinbaum —de quien fue secretaria particular en la Ciudad de México— es el activo no declarado que todos conocen. En los círculos internos se sabe que Damián aspira al dedazo presidencial, a la mejor usanza priísta, aunque nadie lo pronuncie en voz alta.
El escenario que se dibuja no es una competencia interna ordenada. Es una conquista operada desde el centro del país sobre un estado que históricamente ha resistido la tutela capitalina. Guerrero tiene sus propias reglas, sus propias lealtades, sus propias violencias políticas. Creer que una encuesta nacional, diseñada desde la Ciudad de México y aplicada con criterios definidos por la dirigencia nacional, capturará fielmente esa complejidad es, en el mejor caso, ingenuidad. En el peor, cinismo.
Félix Salgado —con todo su historial, con todos sus señalamientos, con toda su incomodidad como figura pública— ha terminado siendo, paradójicamente, quien formula la pregunta más incómoda para el régimen: si la norma no aplica, si el procedimiento excluye sin sustento, si quien veta incurre en la misma conducta que sanciona, ¿cuál es el principio que realmente está en juego? La respuesta, como suele ocurrir cuando el poder se ejerce sin disimulo, no está en los estatutos del partido ni en el texto constitucional. Está en quién controla la encuesta, quién define los tiempos y quién, desde Palacio, decide en silencio qué nombre irá en la boleta de 2027.
Eso no es transformación. Es el PRI con otro logo.