Por: Álvaro Venegas Sánchez
CRIMEN Y PODER EN GUERRERO, publicado el lunes 10 de marzo, una especie de grito a la opinión pública del Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández: “La ausencia de las instituciones y abandono secular de los tres niveles de gobierno en las comunidades rurales, han causado daños incuantificables a generaciones de familias que sobreviven del producto de sus parcelas y trabajos eventuales”… “El calvario que padecen las niñas indígenas, que son víctimas de los matrimonios forzados, las esclaviza y somete al ciclo de la violencia conyugal”.
Antes de la descripción del panorama guerrerense comentó la presencia en Chilpancingo de más 7 mil indígenas y campesinos de 9 municipios de la zona centro, Montaña Baja y Alta del estado. Liderados por los presidentes y presidentas municipales de Atlixtac, Mochitlán, Ahuacotzingo, Chilapa, Zitlala, Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Acatepec y Tixtla, “marcharon rumbo al palacio de gobierno para sentar a dialogar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con todo su gabinete sobre planteamientos añejos irresueltos: reconstrucción de caminos, clínicas y médicos, escuelas e incorporación a los programas federales”.
En nuestra entidad marginación, abandono y rezago social son innegables; desde luego existen en el país otras realidades similares en el medio rural provinciano. Igual están ahí las zonas periferias de las grandes ciudades. Atrapadas de manera semejante entre el aislamiento y la modernidad. Las causas de la desigualdad las sabemos: gobiernos sucesivos sin sensibilidad social y políticos que por codicia pervirtieron la política. Si preguntaran a los ciudadanos qué gobernador recuerdan con cariño y respeto por su legado y cercanía con el pueblo, tal vez las respuestas positivas serían sólo de aquellos que tuvieron la suerte de colaborar con ellos y el privilegio de obtener un favor personal.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan describe, no inventa o construye un escenario. Y lo que expone impacta y preocupa al ciudadano de a pie al saber que no hay lugar, ciudad o región del estado segura. Aporta nombres de los grupos criminales que disputan las plazas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco; del grupo que controla las nueve presidencias municipales de la Tierra Caliente, del que hace lo mismo con los ayuntamientos de la zona centro y el grupo que ha erigido la cabecera municipal de Heliodoro Castillo en su centro de operaciones.
Abel Barrera, el director, contribuye sabiendo a qué se expone. Razón suficiente para que la autoridad le brinde protección. Da cuenta que, en la Montaña Alta, por la reyerta que protagonizaron los partidos políticos en la pasada contienda electoral la reconfiguración política del estado delimitó la nueva territorialidad delincuencial: “Varios triunfos de candidatos se obtuvieron por el padrinazgo de los jefes de plazas”…”las comunidades indígenas abandonadas a su suerte brindaron su apoyo a candidatos palomeados por las organizaciones delincuenciales a cambio del rastreo de caminos, apoyos económicos para sus fiestas patronales y la compra de votos”. Así, plantea, “el vacío gubernamental lo cubren los jefes de plazas, administran los recursos de los ayuntamientos, sus empresas se encargan de la obra pública y logran granjearse la confianza de las comunidades al construirles un salón de clases o una casa de salud y, en consecuencia, las autoridades municipales se supeditan a sus dictados”.
El texto, publicado en La Jornada, concluye con una advertencia verdaderamente preocupante para las buenas conciencias: “Lo trágico es que las organizaciones delincuenciales han pavimentado la vía de la movilización social tomando la bandera de los pueblos, para acceder a los recursos públicos. Con su vinculación en terreno, contrastada con la ausencia de los gobernantes, han armado una agenda mínima con las necesidades más sentidas de las comunidades indígenas, erigiéndose como interlocutores políticos”.
Justo a tiempo el diagnóstico de Tlachinollan. Morena tiene la gubernatura, pero de un total de 85 municipios, 75 por ciento de los cabildos son presididos por otros partidos. La pregunta es ¿podrán entre todos los partidos recuperar territorios y lograr una configuración mejor en las elecciones del 2027?
Iguala, Gro., marzo 17 del 2025