Por: Brian Vicario Figueroa
Iguala, Guerrero, Septiembre 7.- La Reforma Judicial en México ha sido uno de los temas centrales en el debate nacional reciente, generando una amplia gama de opiniones tanto a favor como en contra. Para comprender esta reforma, es esencial desglosarla en cinco aspectos clave.
En primer lugar, se propone la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Además, se establece que la duración del encargo será de 12 años, reduciéndose en tres años respecto al periodo actual. Este cambio busca optimizar la eficacia y la representatividad del máximo tribunal del país. En segundo lugar, se plantea una modificación en el mecanismo de elección de los jueces, magistrados y ministros. La reforma propone que estos funcionarios sean elegidos directamente por la ciudadanía, una medida que busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial. El tercer aspecto es la creación de dos nuevos órganos regulatorios: uno para la administración del sistema judicial, que incluirá la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y otro, un Tribunal de Disciplina Judicial, que supervisará tanto a los jueces como a la SCJN. En cuarto lugar, se propone la regulación de plazos para la resolución de conflictos judiciales. Se establece que las controversias deben ser resueltas en un plazo máximo de seis meses, con el fin de agilizar la justicia y reducir la acumulación de casos. Por último, la reforma establece que las entidades federativas deberán adaptar su legislación local para asegurar la independencia y la elección directa de los jueces y magistrados, así como la creación de órganos independientes para su administración y disciplina.
La propuesta de reforma ha generado una división significativa en la sociedad. Por un lado, están quienes apoyan la reforma y creen en su potencial para democratizar y fortalecer el sistema judicial. Por otro lado, se encuentran quienes se oponen y han expresado preocupaciones a través de diversos canales. Las presiones para que no se apruebe han llegado inclusive del extranjero e incluyen alertas de entidades financieras como Morgan Stanley, Citibanamex, Bank of America, Fitch Ratings y UBS, que han advertido sobre posibles impactos negativos en la inversión y la estabilidad económica. Asimismo, gobiernos extranjeros, como los embajadores de Estados Unidos y Canadá, y organismos internacionales, como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado su preocupación por las posibles implicaciones para la independencia judicial y los derechos humanos.
Comparativamente, sistemas en otros países ofrecen modelos relevantes. En Estados Unidos, la elección de jueces en estados como California y Florida permite a los ciudadanos participar directamente en la conformación del poder judicial, promoviendo una mayor responsabilidad y conexión con la comunidad. En Suiza, los jueces federales son elegidos por una Asamblea Federal, lo que asegura una representación equilibrada de intereses regionales y políticos. Incorporar elementos de estos modelos en la reforma mexicana podría contribuir a una administración judicial más democrática y efectiva. La participación ciudadana en la elección de jueces fortalecería la legitimidad del sistema judicial y garantizaría una mayor alineación entre el Poder Judicial y las expectativas del pueblo, abogando así por una justicia más equitativa y accesible.
Las presiones externas contra la aprobación de la reforma judicial en México son variadas y numerosas. La oposición ha logrado amplificar este mensaje a nivel nacional, generando un debate intenso sobre la propuesta. La pregunta fundamental que se plantea es: ¿por qué existe tanto miedo al empoderamiento del pueblo? El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera categórica que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Esta disposición subraya que todo poder público emana del pueblo, enfatizando que la reforma propuesta tiene como objetivo precisamente empoderar a los ciudadanos, otorgándoles un rol protagónico en la selección de jueces, magistrados y ministros. La resistencia a este empoderamiento puede reflejar un subestimación del pueblo y una resistencia al cambio hacia una mayor democratización del sistema judicial.
El actual Poder Judicial en México enfrenta serios problemas que impactan negativamente su funcionamiento y credibilidad. Entre estos problemas destacan la corrupción y la falta de imparcialidad, los retrasos y la acumulación de casos, y las barreras al acceso a la justicia.
En cuanto a la corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 2023 ubica a México en la posición 126 de 180 países, con una puntuación de 29 sobre 100. Esta calificación refleja una alta percepción de corrupción que deteriora la confianza pública en las instituciones judiciales. Además, diversos informes han documentado casos de corrupción dentro del sistema judicial, como sobornos y manipulación de sentencias, exacerbando la crisis de confianza. Respecto a los retrasos y la acumulación de casos, el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2023 indica que el tiempo promedio para la resolución de un juicio en México puede superar los tres años, un plazo considerablemente alto en comparación con estándares internacionales. La sobrecarga de casos y la acumulación de expedientes sin resolver son evidencias claras de la ineficiencia del sistema judicial, a pesar de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En lo que concierne al acceso a la justicia, los datos del Informe de la CNDH 2023 muestran que un alto porcentaje de la población enfrenta barreras significativas para acceder a la justicia, particularmente en áreas rurales y entre personas de bajos recursos. Esta situación se refleja en una alta cantidad de casos en los que los ciudadanos no reciben la atención judicial adecuada, destacando una desigualdad preocupante en la administración de justicia.
La percepción de que el poder judicial en México favorece a los sectores más poderosos y privilegiados es alarmante. El Informe de la CNDH 2023 señala una disparidad notable en el acceso a la justicia, con un trato preferencial hacia aquellos con mayores recursos económicos. El Índice Global de Impunidad (IGI) 2023 clasifica a México en el 16° lugar de 59 países, evidenciando una alta percepción de impunidad, especialmente en casos de corrupción y delitos de alto perfil. Esta disparidad y la alta tasa de impunidad en casos de figuras públicas subrayan la necesidad urgente de reformas que garanticen un sistema judicial equitativo y eficiente para todos los ciudadanos.
La reforma judicial propuesta en México, que busca involucrar al pueblo en la elección de jueces, magistrados y ministros, es una medida crucial para fortalecer la democracia y asegurar una administración de justicia más transparente y equitativa. Actualmente, el sistema judicial en México enfrenta problemas significativos de corrupción, imparcialidad y falta de acceso para los ciudadanos comunes. La percepción de corrupción y el sesgo hacia los sectores más poderosos han socavado la confianza pública en el poder judicial. Al permitir que los ciudadanos participen activamente en la selección de los jueces y otros funcionarios judiciales, la reforma no solo democratiza el proceso de elección, sino que también promueve una mayor rendición de cuentas y transparencia en el sistema judicial.
La participación ciudadana en la elección de jueces contribuiría a una mayor legitimidad del sistema judicial, alinear los intereses del poder judicial con las expectativas del pueblo y reducir la influencia de grupos de poder en la administración de justicia. Este enfoque fortalecería la democracia participativa en México, asegurando que todos los ciudadanos tengan una voz en la conformación del poder judicial y, en consecuencia, en la administración de justicia, lo que abona a una sociedad más justa y equitativa