Agencias
Ciudad de México., Integrantes del Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa, conformado por víctimas de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sostuvieron este jueves un encuentro con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para exigir reconocimiento pleno como víctimas y acceso a la justicia.


Durante la reunión, el colectivo entregó una petición formal para que siete personas —excluidas de la Recomendación 15VG/2018 emitida por la propia CNDH hace siete años— sean incorporadas oficialmente como víctimas, lo cual permitiría su acceso a procesos de reparación integral.


El encuentro contó con la participación de diversos funcionarios del organismo, entre ellos Francisco Estrada Correa, responsable de la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas; Cecilia Velasco Aguirre, encargada del despacho de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones; Jazmín Cisneros López, directora del Programa Especial de Personas Desaparecidas (PERDES); y Aline Juárez Nieto, directora general de Difusión de los Derechos Humanos.


Durante la reunión, personal de la CNDH expuso los avances en el cumplimiento de la Recomendación 15VG/2018 y detalló las gestiones realizadas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que más afectados por los hechos de Iguala sean reconocidos en sus derechos.


Por su parte, la presidenta Rosario Piedra Ibarra se comprometió a brindar acompañamiento jurídico y asesoría a las personas afectadas, en particular frente a las denuncias por malos tratos y omisiones por parte de autoridades vinculadas a la investigación del caso.


El colectivo agradeció el espacio brindado por la CNDH y reiteró su exigencia de justicia, al advertir sobre las dilaciones y el estancamiento que han marcado sus procesos durante más de una década.


“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no dejará de acompañar a todas las víctimas del Caso Iguala en la lucha y defensa de sus derechos, que constituye una deuda inaplazable e ineludible”, subrayó el organismo en un comunicado oficial.