Por: Leonardo Kourchenko
La reciente cancelación de 13 rutas aéreas desde México hacia los Estados Unidos es resultado directo de los caprichos y decretos absurdos de Andrés Manuel López Obrador.
Ante el fracaso comercial del Felipe Ángeles para convocar el libre tránsito de aerolíneas, el entonces presidente se vio forzado a emitir un decreto para obligar a la carga aérea a trasladarse al AIFA.
Sin consultar a compañías aéreas, a la Cámara respectiva, pero más grave aún, a las contrapartes estadounidenses, bajo el primitivo argumento de la soberanía, López Obrador decretó que la carga aérea se concentrara en el nuevo aeropuerto recién construido y sin tráfico alguno.
En opinión de expertos en aviación civil y comercial, fue el intento de darle respiración artificial a una infraestructura mal planeada e impuesta por capricho.
Durante el gobierno de Joe Biden, las autoridades de aviación norteamericana realizaron varios intentos para establecer un diálogo con el gobierno mexicano para evaluar la medida, corregir el daño y evitar mayores consecuencias.
La respuesta de México, aun en tiempo de López Obrador, fue que la medida implementada era temporal y no pretendía instalarse de forma definitiva.
El decreto violó un acuerdo internacional de aviación civil, sostenido entre México y Estados Unidos, que establece las rutas, los flujos, las aerolíneas para impulsar la competencia sana entre compañías mexicanas y estadounidenses.
López Obrador —como tantas veces— atropelló el acuerdo internacional, pasó por encima de lo establecido y movió la carga aérea sustentando su decisión en razones ciertas: la saturación del Benito Juárez y elementos de seguridad.
Sin embargo, la orden no fue acompañada de medidas que permitieran, desde el punto de vista técnico y de infraestructura, la operación de carga en el Felipe Ángeles.
No se construyó una aduana, no había puertos de desembarco, no había —hasta la fecha— una conectividad adecuada para el traslado de volúmenes importantes de carga aérea.
Lo que transportan los aviones llega a “hubs”, a centrales de conectividad, que permiten a las empresas mover paquetería, maquinaria, suministros y miles de artículos a otros aviones de otras rutas nacionales, para alcanzar su destino.
El resultado es que desde el 2023 a la fecha, la carga que llega al AIFA tiene que ser transportada por tierra al Benito Juárez para ser reconectada a otras rutas y destinos aéreos.
Los aeropuertos del mundo, los grandes y de capitales importantes —como pretendía ser el de Texcoco—, concentran todos estos servicios en el mismo punto de infraestructura, para reducir los costos y hacer más eficiente la conectividad de pasajeros y de carga aérea.
El Felipe Ángeles (con sus flamantes 14 puertas) carece por completo de esa capacidad aérea de conectividad, traslado, aduana, registro y demás.
La medida adoptada este martes por el gobierno de los Estados Unidos es la respuesta a la cerrazón e imposición del gobierno mexicano de no atender sus llamadas, resolver el problema y corregir el error de haber roto un acuerdo aeronáutico.
La presidenta Sheinbaum podrá decir con voz en pecho que “no somos piñata de nadie y a México se le respeta”, una melodía resonante para la retórica morenista; pero en los hechos, México rompió un pacto de aviación y ahora tenemos las consecuencias.
No es, señora presidenta, un asunto de soberanía como ustedes insistentemente pretenden reforzar.
Si queremos ser competitivos en esta materia, que las aerolíneas mexicanas puedan volver a entrar de forma frecuente con rutas diversificadas a las diferentes ciudades americanas, las autoridades de nuestro país tendrán que sentarse, dialogar y restablecer el acuerdo de aviación entre ambas naciones.