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Ciudad de México. Al presentar el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que no hay indicios que permitan suponer que los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se encuentren con vida y que por el contrario, “todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Reiteró que este caso fue un crimen de Estado y la verdad histórica construida en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto constituyó “una segunda desaparición” de los jóvenes.

En este sentido, dio a conocer que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio -a quien se refirió como el innombrable debido a que por un amparo que tramitó ya no lo puede señalar como “torturador” y como autor de la “verdad histórica”-, reconoció que ésta fue una construcción desde el gobierno federal, a partir de lo que denominó la “junta de autoridades”, que se llevaron a cabo en Los Pinos, y en la zona militar de Iguala y oficinas de la Procuraduría General de la República realizadas durante el 7 y 8 de octubre del 2014.

Entre los asistentes a esas reuniones, además de el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, también aparece el nombre de Omar García Harfuch, comisionado en ese entonces de la Policía Federal Preventiva en Guerrero, y que actualmente es aspirante a la coordinadora estatal de defensa de la transformación en la Ciudad de México.

A pregunta expresa sobre la intención del ex jefe de la Secretaría de Seguridad capitalina de ser jefe de gobierno, Encinas respondió que su nombre aparece dentro de las minutas que forman parte de las investigaciones sobre el caso, como participante en esas juntas de autoridades, por lo que es necesario que se aclare esa situación, lo que corresponderá a la fiscalía especial que investiga los crímenes contra los normalistas.

“Leí una serie de declaraciones que el propio aspirante a coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación y formarán parte de todo el proceso que está desahogando la fiscalía. Todos los que sean requeridos por la fiscalía tendrán que comparecer”, sostuvo.

La decisión de ser candidato es una “que le corresponde, nosotros estamos aquí estamos para la verdad y no para intervenir en los procesos políticos de los partidos”, manifestó.

Como se expuso un día antes en la narrativa que se difundió por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue presentada a los padres y madres de los jóvenes el lunes pasado, insistió en que el móvil de la desaparición se sustenta en tres posibles causas: confusión de Guerreros Unidos respecto a la presunta filtración de Los Rojos, entre los estudiantes; el dar un escarmiento en un contexto de amenazas de parte del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el citado grupo criminal, y el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.

En la Secretaría de Gobernación, Encinas, quien estuvo acompañado por su equipo, señaló que la investigación confirma que las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel “fueron omisas y negligentes”, y se reconoce que existió un “vinculo y contubernio entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, la policía estatal, la ministerial estatal, la federal y miembros del Ejército.