Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., A pesar de las reformas a la Constitución de Guerrero que prohíben y sancionan la cohabitación forzada entre menores de edad, esta práctica, arraigada en los llamados “usos y costumbres”, continúa registrándose en distintas regiones de la entidad, reconocieron autoridades estatales y de derechos humanos.
El secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Bruno Arriaga, admitió que esta problemática no se limita a comunidades indígenas, sino que también se presenta en zonas urbanas, aunque bajo otras modalidades. En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, señaló que los padres de familia continúan fomentando estas prácticas.
Recientemente trascendió la presunta boda de una menor de edad en una localidad ubicada entre las regiones Montaña y Costa Chica, caso que es investigado por la Comisión Regional de Derechos Humanos.
Al respecto, Bruno Arriaga explicó que se trata de “cuestiones culturales entre las comunidades que se han transmitido de generación en generación”, al calificar el fenómeno como “un tema estructural y ancestral”.
Subrayó que esta práctica no es exclusiva de las zonas indígenas. “También ocurre en zonas urbanas, nada más que de otra forma”, puntualizó.
El funcionario estatal informó que el gobierno de Guerrero, a través de diversas secretarías, incluida la que encabeza, ha instrumentado acciones en comunidades para “sensibilizar” a las autoridades comunitarias sobre la necesidad de erradicar esta práctica.
En ese contexto, detalló que se firmó un convenio con representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quienes reformaron su reglamento interno “para castigar este tipo de situaciones”. “En el territorio comunitario esto ya no se permite. La CRAC tiene presencia en 42 municipios”, indicó.
Arriaga añadió que durante el año pasado intervinieron en dos casos de cohabitación forzada; no obstante, evitó proporcionar detalles para proteger la identidad de las menores, aunque reveló que en ambos “fueron los propios padres que fomentan esa situación”.
Sobre el mismo tema, la presidenta de la CDHEG reconoció que los “usos y costumbres siguen permeando”, aunque enfatizó que “no deben estar sobre un derecho de las infancias”.
Explicó que, en muchos casos, las menores no denuncian este tipo de situaciones. “Lógicamente la hija no va a denunciar que su papá o su mamá ha generado este convenio, este de contrato, ¿no? Las hijas saben que no es correcto, que hay una violación a sus derechos y que (…) es por parte de los padres, y pues no denuncian las menores”, expresó.
Narciso Gaytán reconoció también que no existe una estadística precisa sobre matrimonios forzados entre menores de edad o entre adultos e infantes, delito tipificado como cohabitación forzada. Señaló que algunos casos se han dado a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales, pero advirtió que “si los vemos en la práctica, pues son más”.
En ese sentido, consideró que “falta un compromiso social desde los hogares” y llamó a “construir desde la sociedad” para que los padres de familia “sepan que sus hijas tienen derechos”.
Para hacer frente a estas prácticas, informó que la CDHEG ha implementado cursos de capacitación dirigidos a autoridades comunitarias sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los que se enfatiza que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.
Finalmente, agregó que la Comisión se ha “articulado” con diversas dependencias del gobierno estatal, como las secretarías de la Mujer y de Educación, para implementar estrategias y acciones sustantivas de protección a la infancia guerrerense.