Rogelio Agustín
Chilpancingo, Gro. “Sí fue un error muy grande, pero no de nosotros como pueblos; es un error del gobierno por el vacío de poder que han dejado entre nosotros”, respondió Gerardo Torres Valencia, uno de los fundadores más visibles de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ante el féretro de su principal dirigente, Bruno Plácido Valerio.
Recordó que en 2013, cuando la UPOEG dejó de ser una organización pacífica para convertirse en una autodefensa armada, los grupos del crimen organizado se extendían desde Chilpancingo y del puerto de Acapulco, reclamando el dominio de diferentes territorios de la Costa Chica y Montaña, generando asesinatos, secuestros y extorsiones constantes en los pueblos.
En la explanada de la comisaría de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, con el cuerpo presente de quien fuera promotor de la integración de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Torres Valencia hizo acuse de recibo de las declaraciones hechas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del miércoles 18 de octubre.
El presidente López Obrador consideró que permitir la creación de los grupos de autodefensa, además de un error, fue un acto de suma irresponsabilidad, porque garantizar la seguridad de la sociedad es una atribución exclusiva del Estado mexicano.
La tarde del jueves, ante la columna de hombres armados con rifles y escopetas de bajo calibre, Gerardo Torres, tuvo la oportunidad de dirigir una respuesta al titular del Poder Ejecutivo local.
“El presidente de la República dice que fue un error dejar organizarse a las policías comunitarias y quizá tiene razón, Sí, fue un error muy grande, pero no de nosotros como pueblos, es un error del gobierno por el vacío de poder que han dejado entre nosotros y no nos dejaron otra alternativa”.
Indicó: “Tuvimos que tomar las armas para defender nuestra dignidad, para defender a nuestras familias, nuestros territorios y exigir nuestros derechos; desde aquí le decimos al gobierno que la lucha sigue, porque no estamos dispuestos a morir de rodillas”.
Reconoció que en estados como Guerrero todos los ciudadanos corren riesgos, algunos más porque se atreven a romper el silencio y levantar la voz contra los grupos de poder fácticos.
Aún así, arengó a los familiares, amigos y pobladores del pueblo natal de Plácido Valerio: “Mas vale morir de pie que arrodillados, esto no se acaba, al contrario, va a crecer”.
Al último adiós acudieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández y el ex abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Vázquez Quintero se encargo de llevar un mensaje de solidaridad por parte del Gobierno de la República.
Lo recibieron con respeto, no por la investidura como funcionario federal, sino por la cercanía que durante muchos años tuvo con Bruno Plácido.
Los féretros de Bruno y su compañero asesinado en Chilpancingo, fueron despedidos en medio de ovaciones, incluso, decidieron no guardar un minuto de silencio y llenar ese espacio de tiempo con aplausos, en reconocimiento al trabajo realizado en vida.