Las iniciativas buscan impedir la intervención en investigación o persecución de criminales por parte de actores extranjeros sin autorización de las autoridades locales.
Por: Servicios AINI
El gobierno de México enviará el jueves al Congreso de la Unión una reforma constitucional sobre soberanía nacional que busca impedir la intervención en investigación o persecución de criminales por parte de actores extranjeros sin autorización de las autoridades locales.
El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera de este jueves. Cabe señalar que esta iniciativa se produce en respuesta a la designación del miércoles por parte del gobierno de Donald Trump de los cárteles de droga, entre ellos varios mexicanos, como organizaciones terroristas.
La mandataria leyó una serie de cambios a artículos constitucionales para asentar que México, «bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia o soberanía de la nación».
Entre estos, citó «golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio» por tierra, mar o aire.
Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables», agrega el texto leído por Sheinbaum.
Las modificaciones a la Carta Magna imponen también penas severas a extranjeros por «la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas», o por realizar «actividades al margen de la ley» relacionadas con la soberanía del país.
En seguimiento a un decreto emitido por el presidente estadunidense tras asumir el cargo en enero, el país vecino designó el miércoles al Tren de Aragua, al cártel de Sinaloa y a otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales, según una notificación del Registro Federal.
El aviso del Departamento de Estado detalló que los grupos representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de la nación norteamericana.