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Ciudad de México, La crisis política en Sinaloa tomó un nuevo rumbo este lunes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que Rubén Rocha Moya no regresará a la gubernatura y que será el Congreso estatal el encargado de designar a la persona que concluirá el actual periodo de gobierno.
La definición ocurrió mientras el Legislativo sinaloense mantenía en pausa la sesión extraordinaria en la que se tenía previsto elegir al gobernador o gobernadora interina, luego de que Rocha Moya solicitara una nueva licencia.
Congreso de Sinaloa tendrá la decisión
Sheinbaum explicó que no existe fundamento para plantear una desaparición de poderes, debido a que el Congreso local permanece activo y cuenta con facultades constitucionales para resolver la ausencia del mandatario.
El gobernador interino deberá garantizar la conducción de Sinaloa durante el periodo restante, incluido el proceso electoral de junio de 2027 y la transición hacia el nuevo gobierno.
La presidenta señaló que el perfil elegido debe reunir capacidad, profesionalismo, honestidad y compromiso con la población, además de mantener como prioridad los intereses del estado.
Sheinbaum cuestionó el regreso de Rocha
La mandataria federal también se refirió al intento de Rocha Moya de reincorporarse al cargo el viernes pasado. Aseguró que el Gobierno de México no fue informado previamente y que conoció la decisión a través de las propias publicaciones del gobernador.
Tras la polémica y las reacciones políticas que generó su regreso, Rocha Moya volvió a solicitar licencia poco más de un día después.
Sheinbaum sostuvo que esa decisión fue personal y reiteró que no tuvo intervención del Gobierno federal. También descartó haber mantenido comunicación reciente con el gobernador con licencia.
Investigación sigue en manos de la FGR
Sobre los señalamientos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, la presidenta afirmó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) continúan.
Precisó que existen indagatorias relacionadas con las personas señaladas previamente por autoridades estadounidenses, pero enfatizó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía determinar si existen elementos para establecer responsabilidades.
La presidenta evitó adelantar conclusiones y diferenció su postura política de cualquier determinación judicial. Mientras tanto, el Congreso de Sinaloa deberá resolver quién tomará las riendas del estado y garantizará su gobernabilidad durante los próximos meses.