Chilpancingo, Gro., agosto 23 del 2023 (IRZA).- Abogados y organizaciones que acompañan a los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, criticaron severamente la decisión de un juez federal de haber otorgado una medida cautelar para que el General en retiro, Rafael Hernández Nieto, enfrente su proceso en prisión domiciliaria, luego de que fue vinculado al Caso Ayotzinapa.

El General en mención era comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre; en aquel momento era coronel y cuando pasó a retiro de las Fuerzas Armadas fue ascendido a General Brigadier.

El pasado 6 de julio, Rafael Hernández Nieto fue detenido afuera de su domicilio en la colonia Villas Posada, Puebla y fue recluido en la prisión del Campo Militar número 1 en la Ciudad de México a disposición de la juez segunda de Distrito, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

El General está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de desaparición forzada y delincuencia organizada; este martes la misma juez federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo concedió a Rafael Hernández Nieto la medida cautelar de enfrentar su proceso en prisión domiciliaria, después de que estaba tras las rejas.

Este miércoles, el Centro Pro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Tlachinollan, Fundar y Serapaz, fijó una postura ante la determinación de esa juez federal, consideraron que es un “inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”.

En un comunicado afirmaron que no es la primera vez “que dicho general recibe un tratamiento preferencial; en agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió.

Dijeron que la decisión de la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo “muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente sexenio”.