Por: Servicios AINI
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que realice labores de espionaje y aseguró que se trata de “labores de inteligencia” para detectar generadores de violencia y delincuentes.
Esta Secretaría, con estricto apego al Estado de derecho, ratifica que no realiza tareas de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”.
Comunicado de prensa 161 SEDENA
Esto, luego de que Animal Político aseguró que el Ejército compró el software Pegasus y espió, durante tres años, a un reportero de esa casa editorial, al periodista y escritor Ricardo Raphael, y al defensor de Derechos Humanos, Raymundo Ramos.
En un comunicado, la SEDENA señaló que las leyes mexicanas facultan a las Fuerzas Armadas para realizar labores de inteligencia contra la delincuencia organizada.
“El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública”, se lee en el documento.
Gracias a los trabajos de inteligencia, la SEDENA ha tenido a 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia de diferentes organizaciones delictivas, entre otros; así como el aseguramiento del 34% de los resultados del esfuerzo nacional en el combate al narcotráfico y seguridad pública.
CONTRATACIÓN DE SOFTWARE PEGASUS
Respecto a la contratación del servico Pegasus, la SEDENA aclaró que su contratación fue del 27 de junio del 2011 al 24 de agosto del 2013 y su uso fue exclusivo para «para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos».