Vicky Barrios
Iguala, Gro., Por segunda ocasión, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron este viernes y suspendieron labores para exigir modificaciones al formato de evaluación del desempeño que se pretende aplicar del 4 al 14 de diciembre. Señalaron que no se oponen a ser evaluados, pero solicitan que se revisen los criterios establecidos y que se les brinde capacitación previa. Asimismo, rechazan que los resultados puedan derivar en el cese de los trabajadores. No obstante, informaron que los asuntos urgentes y las audiencias se atienden con normalidad.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores en protesta por la evaluación del desempeño, al considerar que los lineamientos establecidos representan una amenaza para la permanencia en sus empleos.
La primera manifestación se realizó el pasado 21 de octubre. Entre sus principales demandas se encuentran el incremento salarial, el pago retroactivo correspondiente al año, de acuerdo con las cargas de trabajo y las condiciones económicas, el respeto absoluto a las prestaciones y derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo, así como la autorización de nombramientos, continuidad laboral y basificación del personal que cumpla con los requisitos.
Indicaron que gran parte de sus peticiones fueron atendidas por el Órgano de Administración Judicial; sin embargo, mantienen su inconformidad con los lineamientos de evaluación que se aplicarán de manera paulatina a los servidores públicos de carrera judicial. En particular, buscan que se elimine el apartado que establece la posibilidad de cesar a un trabajador por no aprobar el examen.
El nuevo sistema contempla tres aspectos: conocimientos, capacitación y rendimiento profesional. Su objetivo es medir las competencias y el desempeño del personal de carrera judicial. De acuerdo con los criterios establecidos, el rubro de conocimientos y capacitación representa el 60 por ciento de la calificación, mientras que el rendimiento profesional equivale al 40 por ciento.
Los inconformes señalaron que una parte importante de la evaluación depende de cuestionarios aplicados a superiores jerárquicos y compañeros de trabajo, en los que se califican aspectos como colaboración, ética y resolución de problemas, criterios que consideran susceptibles de controversia si no están respaldados por evidencias claras.
Asimismo, solicitaron que los antecedentes disciplinarios se sustenten únicamente en resoluciones firmes o informes válidos. Advirtieron que la ausencia de reportes no debe perjudicar a los trabajadores y reiteraron su rechazo a que una evaluación desfavorable sea motivo automático de despido.