IRZA
Chilpancingo, Gro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseveró que a 27 años de la masacre de 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, la exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales sigue vigente.

A través de un comunicado, el organismo recordó que la mañana del 28 de junio de 1995, integrantes de la OCSS, viajaban hacia la cabecera municipal de Coyuca de Benítez “con el propósito de pedir que se cumplieran las promesas de ayuda a los cafeticultores”.

La CNDH narra que en el trayecto, en el vado de Aguas Blancas, los militantes de la OCSS fueron interceptados por un grupo de la Policía del Estado y Judiciales “quienes los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo, para luego dispararles” y asesinar a 17 personas y otros 14 fueron heridos.

Agrega que la CNDH a través de su recomendación 104/95 acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los derechos de 17 personas pertenecientes a la OCSS, quienes resultaron muertas de manera intencional por la Policía Judicial del Estado y la Policía Motorizada”.

Afirmaron que a 27 años “de la tragedia se mantienen vivas las exigencias de justicia por lo ocurrido en Aguas Blancas, por la liberación de los presos políticos y por el esclarecimiento de las ejecuciones de dirigentes de organizaciones sociales a lo largo de los años”.

En tanto, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), también mediante un comunicado sostuvo que las causas de esa masacre “fueron esencialmente políticas. Las víctimas tenían militancia política en la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y su demanda fundamental por la que se movilizaron ese 28 de junio, fue la exigencia de presentación con vida de uno de sus compañeros desaparecido en el municipio de Atoyac de Álvarez, Gilberto Romero Vázquez, en cuya responsabilidad figura la entonces presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos”.

En aquel entonces gobernaba el estado Rubén Figueroa Alcocer, quien fue destituido y en su lugar fue designado Ángel Aguirre Rivero. Al respecto se dijo que la defenestración ocurrió para intentar disminuir la presión social derivada del asesinato múltiple en Aguas Blancas.