Por: Vicky Barrios

Iguala, Guerrero, Septiembre 9.- Este lunes se cumplen 7 días de que ejidatarios de la comunidad de Platanillo iniciaron el bloqueo en ambos sentidos, en la carretera Iguala Cuernavaca a la altura de esa comunidad como medida de presión para que las autoridades federales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acaten la sentencia del Tribunal Unitario Agrario con sede en Iguala y les paguen las hectáreas expropiadas para construir esa autopista.

En la carretera, a la altura de la comisaría y Centro de Salud, colocaron piedras, llantas y mantas en donde se puede leer » Andrés Manuel López Obrador exigimos el cumplimiento de la sentencia del tribunal Agrario pago de nuestras tierras ejidales», » no más pretextos exigimos el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario» y otra en contra de los representantes de la SCT, «Fuera Jorge Nuño Lara, Ricardo Arturo Naranjo López y Ricardo Alarcón Abarca por desacato a una orden judicial; exigimos el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Agrario, el pago de nuestras tierras ejidales».

En los dos primeros días el bloqueo era intermitente y se permitÍa cada cierto tiempo el paso vehicular, sin embargo, por no acudir ninguna autoridad para entablar un diálogo con los inconformes, desde el jueves y hasta hoy, el bloqueo es permanente de día y noche y no se permite el paso de vehículos en ningún sentido, solo a quienes tienen alguna emergencia y presentan algún documento que lo acredite. «Estamos cansados de que ninguna autoridad venga a solucionar el problema, exigimos se cumpla el mandato judicial»; dijo uno de los inconformes.

Cabe recordar que la expropiación de las tierras ejidales fue en el año 1952, cuando se inició la construcción de la carretera Iguala Cuernavaca, bajo la promesa de hacer llegar beneficios a la comunidad y el pago correspondiente a los ejidatarios afectados.

En marzo de este año, el TUA emitió la resolución a favor de los ejidatarios y sentenció a la SCT a realizar el pago correspondiente a los afectados, sin embargo, a seis meses de la sentencia, la SCT ha hecho caso omiso y ni siquiera ha entablado un diálogo con el apoderado legal ni con los afectados.