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Reino Unido. El Parlamento británico adoptó este martes una controvertida ley contra la migración ilegal, que restringe drásticamente el derecho al asilo y que fue criticada por la ONU, que advirtió que va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas. El texto es una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak, que se impuso la prioridad de luchar contra la migración irregular y prometió «detener» las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha.

Los migrantes que lleguen de forma ilegal al territorio británico ya no podrán pedir asilo en el país, según la ley. Además, el gobierno británico quiere que estos sean rápidamente detenidos y expulsados, ya sea a su país de origen o a un «tercer pais seguro», como Ruanda, vengan de donde vengan.

El proyecto de ley sobre migración estuvo bloqueado durante semanas en el Parlamento, pues la Cámara de los Lores pidió numerosas enmiendas, para restringir las detenciones de menores y para evitar formas de esclavitud moderna. Fue adoptado el martes de madrugada y tendrá que ser ratificado por el rey Carlos III, una formalidad.

La ONU condenó la ley, afirmando que entra «en contradicción» con las obligaciones del Reino Unido respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados. El texto tendrá «profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional», denunciaron en un comunicado conjunto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.

Los migrantes no tendrán «garantía alguna de poder beneficiarse de una protección en el país» al que serán expulsados, denunció la ONU. Según Naciones Unidas, la ley «crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado».

En 2022, más de 45 mil migrantes cruzaron el canal de la Mancha, sobre todo desde Francia, en pequeñas embarcaciones, un récord. En lo que va de año, lo hicieron más de 13 mil. En el primer trimestre, la mayoría eran afganos. El gobierno acusa a los migrantes irregulares de «saltarse la fila de espera» en detrimento de quienes llegan al país por «vías seguras» o legales.