Rogelio Agustín
Chilpancingo, Gro. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, reconoció que lamentablemente, las “observaciones totales” a la Ley 701 en materia de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, han generado un diferendo inédito entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Guerrero.
Añorve Ocampo señaló que entre el 27 y 28 de junio, se estará convocando a un periodo extraordinario de sesiones para emitir un dictamen respecto al documento emitido por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El pasado viernes, dicho documento fue turnado a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Seguridad Pública, cuyos integrantes deben estar en el proceso de hacer algunas modificaciones, para ser puestas a consideración del Pleno.
La representante popular sostuvo que en toda la experiencia que tiene como legisladora, no había conocido una situación como la que actualmente se vive, cuando el Ejecutivo local envía una “observación total” a una ley aprobada por el Congreso local.
De hecho asumió: “Eso es inédito, como lo ha sido todo lo que ha sucedido en este Congreso, la verdad es que a veces mi capacidad de asombro no tiene límite, pero afortunadamente hemos ido saliendo poco a poco”.
Sin embargo, dijo que seguramente el Congreso habrá de presentar los argumentos necesarios para defender su reforma.
“Porque hicimos un gran trabajo en estas consultas, ahí están los documentos y lamento que todavía no se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero seguramente avalará todo el trabajo que se hizo en cada comunidad indígena, en cada pueblo afro, creo que el trabajo que se hizo fue de una gran envergadura y en Congreso hicimos bien las cosas, eso seguramente lo ratificará la Corte”, destacó.
Añorve Ocampo reconoció que a los diputados de Guerrero se les pueden hacer muchas observaciones, pero destacó que nunca se había realizado un proceso de consulta como el que recientemente culminó, derivado de una sentencia emitida por la SCJN.
Respecto al silencio que la SCJN ha guardado en torno al trabajo de los diputados, dijo que probablemente se debe a que son muchas las cajas con información aportada por los diputados, de tal suerte que el personal del máximo tribunal del país seguramente estará saturado de trabajo realizando la revisión correspondiente.
Sin embargo, sostuvo que los diputados de Guerrero sí hicieron lo necesario para cumplir con los parámetros que impuso la SCJN en el tema de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se promovió la participación de las comunidades y se desarrolló de manera informada y de buena fe.
Respecto al oficio enviado por el Ejecutivo local, donde se plantean observaciones totales a la Ley 701, dijo que seguramente lo redactó “alguien que no estuvo inmerso en ese asunto, que me parece poco confiable”.
Lo anterior, porque en el proceso de consulta, hubo colaboradores del Gobierno de Guerrero, particularmente de dependencias como la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría de la Mujer, además de organismos de derechos humanos y los órganos electorales.
“Si todos estuvimos trabajando y avalamos la consulta, no podemos decir que alguien que estuvo inmerso hoy no la avale, es incongruente”, refirió.
Cuando se le pregunta si existe un diferendo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Guerrero, a partir de las observaciones hechas a la Ley 701, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local asume: “Lamentablemente así es”.
Y reconoció que mucho de lo que sucede en la 63 Legislatura local es inédito, en algunos casos no para bien.