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Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó que exista la posibilidad de una elección de Estado en los comicios más grandes del país que se celebrarán este año, y negó la injerencia de partidos, como Morena.

La magistrada presidenta Mónica Soto, junto con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera ofrecieron una conferencia de prensa, como parte del arranque de funciones de la nueva administración del órgano electoral jurisdiccional, en la que, además, pidió a todos los servidores públicos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, a que respeten la Constitución y no intervengan en el proceso electoral.

“Llamado a todos los servidores públicos de todos los niveles y todos los poderes a que nos conduzcamos con apego a nuestra constitución y lo que la democracia requiere y hacer una autocrítica y aquí estamos dandole una vuelta a temas que no importan a nuestra democracia”, manifestó la presidenta Mónica Soto.

Sin embargo, el magistrado Felipe Fuentes Barrera rechazó que puedan hacer un llamado exclusivo al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque reconoció que no existe un precepto legal que le permita al TEPJF hacer dicha instrucción, aunque reconocieron que esta instancia ha tenido que emitir diferentes sentencias sobre la intervención presidencial en los procesos electorales: “No veo un riesgo en la elección de 2024, porque el TEPJF está trabajando bien”.

El magistrado Felipe de la Mata aseguró que hace muchos años que en México no existen elecciones de Estado: “Resultan preocupaciones basadas en preocupaciones pasadas de muchas décadas. Hoy día, los asuntos que se presentan ante la Sala Superior son resueltos y ganan y pierden todos los partidos. Hace unos días nos reunimos con doña Xóchitl Gálvez y reiteró la confianza en el Tribunal Electoral”.

Los magistrados Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña coincidieron en que es necesario modificar la legislación electoral, ya que puntualizaron que el TEPJF no cuenta con los “dientes” para sancionar a los funcionarios” que incurran en delitos en la materia.

“Hablando de que se necesita una nueva ley se tienen que establecer sanciones claras por violaciones por parte de los funcionarios públicos, porque no contiene ningún tipo de sanción”, apuntó De la Mata Pizaña, quien además subrayó que ni el llamado Plan B contemplaba esa alternativa.