Rogelio Agustín
Chilpancingo, Gro. El ex director general del Colegio de Bachilleres, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, sostuvo que las observaciones por mil 300 millones de pesos detectadas en cuatro años que estuvo al frente del organismo, son “increíbles”, pues la informaciòn dada a conocer por la Contraloría General del Estado fue “sesgada y manipulada”; también defendió las 87 basificaciones geeradas durante su gestión, pues asegura que de ninguna manera se vulneró el Contrato Colectivo de Trabajo.

Este domingo, el ex director del Cobach fijó su posicionamiento, en un ejercicio de derecho de réplica, respecto a la información dada a conocer por el contralor Eduardo Loría Casanova, quien refirió que incluso, ya se dio vista de todas las irregularidades a la Fiscalía General del Estado (FGE).

De inicio, Alvarado Arrollo sostiene que “es ilegal y violatorio de derechos, garantías y de las formalidades esenciales de un procedimiento administrativo, el que el contralor Eduardo Loría Casanova, se haya prestado a presentar públicamente supuestas conclusiones de la auditoría practicada al Colegio de Bachilleres por el periodo 2018, 2019, 2020 y 2021, y anunciar, incluso, sanciones”.

El también ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) refiere que con la forma en que se manejaron las cosas, se violó su garantía de audiencia y la presunción de inocencia.

Indica: “Hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos, es tan increíble, que, hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, lo que nunca sucedió; recordando que del total de recursos financieros que llegan al Cobach, el 96% se destina al pago de salarios y sólo el 4% a gasto de operación”.

Respecto al no pago de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, aseguró que es indebido que se le pretenda imputar un pasivo que en su mayoría, es heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás.

Expuso: “Como los más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005; los más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008 y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos, que inicia en el 2012; montos que yo no generé”.

Respecto al pasivo de impuestos como ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT, refirió que estos se generan por la insuficiencia de recursos presupuestales que vive el Colegio desde 2005, 2012 y a la fecha, “en virtud de que la institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el gobierno del estado y el gobierno federal (50% y 50%)”.

Negó que durante su gestión se hayan hecho las retenciones denunciadas y que esas no fueran pagadas; “se hacen, si, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, por que este no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio”.

Fermín Alvarado destacó que “resulta por demás extraño que el contralor Loría, ignore el origen de esta situación deficitaria, en tanto que, en todas las Juntas Directivas se les hizo de conocimiento, entre ellos, a él, como integrante”.

En cuanto a las plazas, bases y recategorizaciones que fueron revocadas la semana pasada, aseguró que esas son “legales y procedentes”, ya que fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero, además, de recursos estatales autorizados y aportados por el gobierno del estado.

También hizo referencia a los pagos supuestamente indebidos a una empresa por 20 millones de pesos, de lo que detalló: “se trata de pagos que se hacen a la empresa Administradores y Consultores en Previsión Social S.A. de C.V., que es la administradora del Programa de Previsión Social SEFI, desde 1997, es decir, es una empresa no contratada por mí; el SEFI es un programa no creado por mí y los pagos que se le realizaron en 3 años, son parte de las aportaciones que el Colegio está obligado a hacer al programa y que viene haciendo desde 1997”.

En el cierre del documento dado a conocer por el ex director del Colegio de Bachilleres, hay una invitación para no seguir politizando un procedimiento administrativo de fiscalización del que no ha sido notificado, lo que insiste, violan su garantía de audiencia, la presunción de inocencia y las formalidades esenciales de procedimiento.

Incluso, refiere que el tema está siendo convertido en un distractor mediático y en un linchamiento y persecución política en contra de su persona, lo que aseveró; “daña mi prestigio y reputación y pone en riesgo, incluso, mi seguridad y la de mi familia, de la que los responsabilizo”.