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Ciudad de México, En Guerrero estamos realizando acciones contundentes para atender a las personas en situación de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) con la participación de trece dependencias de la administración pública estatal, coordinados por la Secretaría General de Gobierno, manifestó la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Anacleta López Vega.


Al participar en representación del gobierno de Guerrero en el evento realizado en la Secretaría de Gobernación para despedir a la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, López Vega, expresó que desde el inicio de la administración de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, “realizamos acciones urgentes y efectivas en beneficio de las personas que padecen este fenómeno, otorgándoles lo necesario para recuperar un entorno favorable para su desarrollo humano, procurando sobre todo, garantizar sus derechos humanos más elementales como son, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y no menos importante, el derecho a un trabajo digno”.


Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del Gobierno de México, agradeció la visita oficial de la Relatora Especial, Cecilia Jimenez-Damary.


«Esta visita se enmarca en la estrategia del Gobierno de México para visibilizar esta temática que había permanecido invisible en el pasado. Su visita no deber ser vista como un hecho aislado o fortuito, sino como parte de un conjunto de acciones que hemos emprendido para la atención integral a esta problemática», señaló el subsecretario.


Cabe destacar que, durante su estancia en México, que duró 12 días, a la relatora le fueron presentados los avances que el Estado Mexicano ha tenido en la atención a las personas que se encuentran en situación de DFI.


En tanto, Cecilia Jimenez-Damary, afirmó que el objetivo de su visita fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas en situación de DFI, debido a factores como la violencia, conflictos agrarios, proyectos de desarrollo y desastres.


«Esta visita me ha permitido constatar la complejidad de la situación, la cual requiere una atención integral, incluyendo la adopción de medidas de prevención, atención y protección a personas desplazadas con un enfoque de derechos humanos diferenciado e interseccional, y alcanzar condiciones para soluciones duraderas», añadió la relatora.


«Mi análisis completo y recomendaciones para el gobierno se prepararán en los próximos meses y se presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2023», precisó.


En el evento participaron también, la titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), Rocío González Higuera; la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, así como representantes del gobierno federal y de los estados de Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Ciudad de México.

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